La última actuación ministerial que hizo la Procuraduría General de la República (PGR) dentro de la averiguación previa abierta por el secuestro de Diego Fernández de Cevallos fue el pasado 28 de mayo, cuando se anexó al expediente el dictamen de la prueba de ADN que confirma que la sangre hallada en el rancho del político corresponde al ex senador, revelaron ayer fuentes gubernamentales cercanas al caso.

Desde entonces no ha tenido avances la indagatoria que se realiza directamente en la oficina del titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez.

Aunque las pesquisas están suspendidas, Chávez Chávez se reúne al menos tres veces por semana con el penalista Antonio Lozano Gracia (ex socio del político secuestrado), así como con Miguel Fernández de Cevallos (hermano del ex senador) y con alguno de los hijos de la víctima, con el propósito de coordinarse sobre los avances de la negociación entre la familia del panista y la banda de plagiarios.

La Jornada reveló en su edición de ayer, citando fuentes del gabinete de seguridad nacional, que hace cinco días El Jefe Diego tuvo comunicación telefónica con su familia, y que el gobierno federal ya tiene identificado al grupo plagiario que exige un pago de 30 millones de dólares por el rescate del abogado panista.

Previo a que se suspendieran las pesquisas, cuando la Procuraduría General de Justicia de Querétaro encabezaba la indagatoria, familiares y personas del círculo cercano al ex senador fueron interrogados e, incluso, a varias de ellas se les investigó a detalle.

Sin embargo, el 22 de mayo la PGR anunció que se suspendían las actuaciones ministeriales y las estrategias militares y policiacas encaminadas a la búsqueda del político, a petición de la familia de la víctima. En reacción a la determinación del Ministerio Público Federal, el presidente del Senado, el perredista Carlos Navarrete, advirtió el pasado 28 de mayo al presidente Felipe Calderón que su gobierno no debe ponerse de rodillas ante los secuestradores, sólo porque la víctima, Diego Fernández de Cevallos, es un panista importante.

Sí, hay que preservar la vida del secuestrado, pero no replegando la acción de la PGR y de los aparatos de inteligencia, dijo el legislador en declaraciones a los representantes de los medios de comunicación.

Cinco días antes, entrevistados por este diario, los abogados Eduardo Miranda Esquivel, Julio Hernández Pliego y Xavier Olea Peláez coincidieron en señalar que la suspensión de las investigaciones sobre el secuestro del político era una decisión indebida e ilegal del Ministerio Público Federal, institución que está obligada a indagar de oficio cualquier caso de plagio.