El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó ayer el primer periodo ordinario de sesiones de este año en una sesión que no duró más de cinco minutos.

Así, nueve de 11 ministros iniciaron su periodo vacacional de dos semanas. Regresarán a laborar el lunes 2 de agosto.

El primer semestre quedó marcado por una decisión que generó buena aceptación social: la liberación de los presos de San Salvador Atenco; en contraste, fue cuestionado el fallo relacionado con la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en el cual la SCJN exculpó a Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam y Eduardo Bours, entre otros funcionarios involucrados. También fue criticada la declaración de que la extinción de Luz y Fuerza del Centro fue constitucional.

La Corte también confirmó la constitucionalidad –pese a la férrea postura de Sergio Aguirre– de la aplicación de la norma oficial nexicana que obliga al sistema nacional de salud, así como a los estatales, a proporcionar la píldora del día siguiente a las mujeres que hayan sufrido violación.

Ortiz, quien dejará el cargo el próximo 31 de enero, anunció que José de Jesús Gudiño Pelayo y Luis María Aguilar integrarán la comisión de receso.

A nivel de las salas, durante el periodo recién concluido la primera centró su labor en asuntos relacionados con los derechos humanos, el respeto al marco jurídico y la revisión de casos relacionados con las garantías para las mujeres, la patria potestad y los derechos del menor.

Destacaron allí la liberación de dos indígenas encarceladas en Querétaro, Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas de secuestrar a seis agentes federales, y el amparo para los presos de Atenco.

La segunda sala realizó un papel más discreto. Fueron turnados al pleno asuntos importantes, que tienen que ver con la facultad de las autoridades laborales para condicionar la toma de nota de los sindicatos.

El pleno ratificó en febrero pasado la constitucionalidad del impuesto empresarial a tasa única y confirmó el derecho de la Procuraduría General de la República para negar información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Negó la aplicación en favor del cuentahabiente del anatocismo al revés, al rechazar amparos en contra de Banamex, Bancomer y otros bancos a los que los ahorradores exigían el pago de intereses sobre intereses de depósitos bancarios de más de 20 años de antigüedad.