Jalapa, Ver., 15 de julio. La directora del Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM), Martha Mendoza Parissi, informó que fueron liberadas las ocho mujeres que estaban encarceladas en diferentes reclusorios de la entidad acusadas de homicidio por haberse practicado abortos. Indicó que el indulto otorgado por el gobernador Fidel Herrera empezó a aplicarse en abril con preliberaciones y ahora se cerraron los expedientes.

El último caso fue el de una joven de Zongolica que no fue encarcelada gracias al indulto.

Mendoza Parissi explicó que en febrero se informó de los casos de 10 mujeres procesadas penalmente por practicarse abortos; ocho se encontraban en los penales de La Toma, en Amatlán de los Reyes; Zongolica, Papantla y Pacho Viejo, en Coatepec. Dos más enfrentaban sus procesos judiciales en libertad.

Recordó que el Ministerio Público las acusó de homicidio calificado argumentando que el producto nació vivo y murió fuera del vientre, pero en realidad son casos de aborto.

En marzo Fidel Herrera suscribió un decreto de indulto y ordenó al Consejo Técnico de Preliberaciones de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social revisar los expedientes de las ocho acusadas, quienes estaban encarceladas injustamente porque no hay pena corporal por aborto, sino que hubo un artilugio para procesarlas por homicidio, explicó.

La funcionaria refirió que hace unos días el IVM atendió el caso de una mujer en Zongolica acusada de homicidio por abortar. No fue encarcelada y enfrenta su proceso en libertad.

Señaló que está pendiente adecuar el Código Penal del estado, que todavía tipifica el aborto como delito.

Recordó que el 6 de mayo pasado el Congreso local desechó la llamada ley antiaborto, modificación al artículo 4 de la constitución local para estipular la protección de la vida desde el momento de la concepción.

Sin embargo, en diciembre pasado se aprobaron reformas al artículo 150 del Código Penal del estado para tipificar el aborto como delito y señala que las mujeres que se lo practiquen deben recibir tratamiento médico y sicológico, y castiga con prisión a quienes lo inciten o ayuden o realizarlo.

Debe haber una armonización, adecuar las leyes para que no haya contradicción, porque la constitución local no penaliza el aborto, pero un código secundario sí lo hace. Nosotros pedimos que se conserve la pena de cárcel sólo para las terceras personas que ayuden en un aborto, manifestó.