La agrupación internacional Washington Office on Latin America (WOLA, por sus siglas en inglés) solicitó al gobierno mexicano la liberación de Raúl Hernández, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me´pahaa (OPIM), considerado por Amnistía Internacional (AI) preso de conciencia, luego de ser acusado injustamente, en abril de 2008, de un asesinato en represalia por su legítima labor de promoción de los derechos de los indígenas.

Maureen Meyer y Jeniffer Johnson suscribieron una carta dirigida a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, con copia al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y al gobernador del estado, Zeferino Torreblanca, para expresarle su preocupación, porque Raúl Hernández es el único de los cinco integrantes de la OPIM que sigue detenido como responsable del crimen. Los otros cuatro fueron liberados por falta de pruebas.

Las supuestas fallas en el proceso

En el texto, los representantes de WOLA relatan que un juez federal negó el amparo al inculpado aduciendo que dos presuntos testigos habían declarado que estaba presente cuando, el 17 de abril de 2008, se disparó a la víctima, Alejandro Feliciano García, sin haber tomado en cuenta las declaraciones presenciales que afirman que él no se encontraba en el lugar de los hechos cuando se cometió el asesinato.

Cuestionaron que el 26 de mayo pasado, durante la inspección ocular que ofreció la defensa legal de Raúl Hernández como parte de las últimas pruebas antes del cierre de instrucción, las autoridades judiciales constataron que el único testigo que señalaba directamente a Raúl mintió, ya que por las circunstancias en que se cometió el homicidio no era posible identificarlo como responsable del crimen.

Por lo anterior instaron a retirar los cargos contra el acusado y llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el uso indebido del sistema judicial para encarcelar injustamente a Raúl Hernández.