Para contrarrestar los argumentos económicos que han presentado empresas, cámaras y asociaciones del sector privado contra la regulación que pretende imponer el gobierno federal en la venta de alimentos y bebidas en las escuelas, en días recientes especialistas e instituciones de salud, públicas y privadas, se sumaron a la consulta pública que organiza la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) de la Secretaría de Economía.

Doctores, enfermeras, nutriólogos y pediatras han enviado sus opiniones, tanto a título individual como de integrantes de alguna institución sanitaria, para apoyar los Lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica que elaboraron y promueven en conjunto las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Salud (Ssa).

Lo mismo hicieron diversos organismos como el Instituto Nacional de Salud Pública, la Asociación Mexicana para el Estudio de la Obesidad, el Consejo Mexicano para la Evaluación del Estudio de la Obesidad, la Asociación Mexicana para la Prevención de la Insuficiencia Cardiaca, la Sociedad Mexicana de Pediatría, la Fundación Interamericana del Corazón, la Secretaría de Salud del estado de Hidalgo, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, entre otros.

En todos éstos abundan los argumentos, referencias a investigaciones científicas e incluso largos listados de bibliografía para probar la relación entre la obesidad y los alimentos de alto contenido energético que produce la industria alimentaria, así como los daños a la salud en la población.

No falta la argumentación jurídica e incluso de índole económica. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Pública, por conducto de su centro de investigación en evaluación y encuestas, señala que desde un punto de vista estrictamente económico los altos costos que provoca en el sector salud la obesidad y el sobrepeso de la población “no son pagados por los responsables de producirlos.

Los beneficios son privados y se concentran en los productores de alimentos y bebidas de alta densidad energética, mientras los costos son socializados entre los hogares y los costos, añade y avala la intervención del Estado porque de lo contrario el sistema de salud resultará inoperante.

La Fundación Interamericana del Corazón, sección México, advierte que frente a la libertad de comercio que alega el sector privado, y conforme a los principios de proporcionalidad, tienen mayor peso los derechos fundamentales de protección a la salud y alimentación de niños y jóvenes.

La Asociación Mexicana para el Estudio de la Obesidad, que agrupa a profesionales de la salud en distintas especialidades, advierte que no existe argumento o evidencia que anule el derecho a la salud de los niños y sostiene que la cantidad de energía y nutrimentos establecidos en los lineamientos tienen bases científicas y fundamento suficiente para prevenir la pandemia de obesidad.

El Instituto Nacional de Salud Pública desestima las quejas de los empresarios de que la regulación de alimentos en las escuelas bajará sus ventas, pues asegura que existe evidencia de que los estudiantes se adaptan a una nueva oferta en aquellos lugares donde se han adoptado políticas similares. La industria, prevé, puede aumentar ventas con los cambios y compensar así las pérdidas que sufrirá por reconvertir sus sistemas de producción al fabricar empaques más pequeños.

La salud es un derecho constitucional y el Estado tiene la obligación de tutelarlo, en particular entre la población infantil, sentencian la Asociación Mexicana de Pediatría y la Asociación Mexicana para la Prevención de la Insuficiencia Cardiaca al avalar la regulación propuesta por las autoridades, aunque acota que debe complementarse con otras acciones.