Concluyeron de manera firme y definitiva las demandas formuladas en Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí y Distrito Federal contra el líder del sindicato nacional de trabajadores mineros, Napoleón Gómez Urrutia.

El viernes 9 de julio, la tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia resolvió en definitiva el expediente 736/2010 en favor de Gómez Urrutia e incluso canceló la orden de aprehensión contra el dirigente emitida por el juzgado 32 penal, por lo que hubo un sobreseimiento del asunto, informaron los abogados del gremio minero.

De esta forma queda firme la resolución de que no hubo conducta ilegal alguna en la creación, modificación y extinción del fideicomiso minero, según señalaron. Incluso la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) eliminó la fotografía de Gómez Urrutia de su página de Internet como una de las personas que son buscadas por la ley.

La resolución definitiva del Tribunal Superior de Justicia pone de manifiesto que el líder del gremio no incurrió en ningún delito en el manejo del fideicomiso minero, y que con ello se cancela en definitiva cualquier búsqueda de su persona, al quedar comprobada su inocencia, explicaron.

Hicieron ver que al quedar en firme la decisión de los ministros de que no hubo conducta ilegal alguna en la operación de dichos fondos, no hay delito que perseguir.

A su vez, el sindicato indicó que la sentencia es de enorme importancia, en tanto que expresamente precisa que ya existen sentencias firmes y definitivas de inocencia de los compañeros Napoleón Gómez Urrutia, Héctor Félix Estrella, Juan Linares Montúfar, Gregorio Pérez Romo y José Ángel Rocha Pérez.

Con ello, Linares Montúfar tendría que salir de la cárcel, en donde se encuentra recluido desde el año pasado, acusado de dichos delitos, consideró la organización.

También apuntó que la acusación federal contra Gómez Urrutia, que es la única pendiente de resolver, no puede subsistir, ya que está basada exactamente en los mismos hechos y conductas de aquellas acusaciones que ya fueron sobreseídas. De lo contrario se violaría el artículo 23 de la Constitución.

El sindicato aseguró que incluso la PGJDF ya quitó de su página de Internet la orden de búsqueda de Gómez Urrutia y reconoció judicialmente la legalidad de la extinción del fideicomiso minero y la ilegalidad de las acusaciones que inicialmente se le lanzaron de forma indebida y falsa al dirigente.