n el marco de un amplio y continuado proceso de reingeniería militar y social que abarca a varios países del subcontinente latinoamericano, la administración Obama-Clinton consolida su escalada guerrerista en la región, enviando ahora 13 mil 329 soldados y civiles a la pacífica Costa Rica. En días pasados, la aprobación por la Asamblea Legislativa costarricense, dominada por una alianza de derecha, de la llegada de soldados del Pentágono al país, vino a consolidar el corredor militarista conformado por la dupla contrainsurgente Colombia-México, que había sido reforzado con el golpe de Estado cívico-militar en Honduras en 2009, la instalación de siete bases en territorio colombiano, la ocupación humanitaria de Haití y el emplazamiento de cuatro nuevas posiciones castrenses en Panamá.

La virtual anexión de México y la reconquista de Centro y Sudamérica forma parte de un vasto y larvado proceso de control de poblaciones, que se combina con la ocupación, cuadriculación y ordenamiento integral de territorios, y una refuncionalización de espacios geoestratégicos altamente rentables desde la óptica del gran capital (vía megaproyectos que abarcan cuencas de grandes ríos, acuíferos, corredores biológicos, hidrovías, carreteras, ferrocarriles, materias primas, cables de fibra óptica, etcétera), que arrancó de manera temprana con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994), siguió a comienzos del siglo XXI con el lanzamiento del Plan Colombia, el Plan Puebla Panamá y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y que en su fase más cercana abarca a la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN o TLC militarizado, 2005) y la Iniciativa Mérida (2007).

Tras el fin de la guerra fría y la autodisolución de la Unión Soviética en 1989, la Casa Banca modificó sus concepciones sobre el enemigo y las hipótesis de conflicto. Desde el punto de vista militar, en los espacios de la periferia la nueva estrategia de dominación pos-Panamá (donde por medio siglo estuvo instalada la sede del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos hasta 1999) está basada en la guerra asimétrica, una forma de conflicto irregular contra no-Estados (o enemigos ubicados en países denominados por Washington como Estados fallidos), sin restricciones de fronteras y donde desaparecen o se hacen difusas las reglas de juego y los códigos internacionales que regulan los conflictos bélicos y los derechos humanos. Países sumidos en el caos y la desestabilización, donde aparecen –como sucedió antes en Colombia y ocurre ahora en México– la tercerización y las redes de outsourcing, bajo la forma encubierta de cuerpos de seguridad privados subcontratados por la Defensa estadunidense para realizar tareas propias de la guerra sucia (mercenarios, grupos paramilitares, escuadrones de la muerte y de limpieza social), en el marco de una militarización exacerbada de sociedades enteras, merced a una dramatización propagandística de nuevas amenazas, lo que en el caso mexicano cobró vida con la guerra de Felipe Calderón contra algunos cárteles de la economía criminal previamente seleccionados, que en la coyuntura operan como enemigos asimétricos asimilados al terrorismo (narcoterrorismo), funcionales al nuevo modelo de dominación en ciernes.

Todo ello, con la consiguiente cesión de autodeterminación y soberanía nacional, incluidas las labores de inteligencia y control migratorio (tras la imposición de las míticas fronteras inteligentes del TLC plus), que han quedado bajo control directo y en tiempo real de organismos de seguridad estadunidenses, que operan en territorio mexicano. En ese contexto, bajo la excusa de fortalecer la capacidad militar para combatir al narcotráfico y establecer una relación duradera para cooperar en futuros aspectos de seguridad mutua, miembros del Ejército y la Marina de Guerra de México están siendo entrenados en el Comando Norte de Estados Unidos en programas de contrainsurgencia aplicados en Irak y Afganistán, experimentados antes en Colombia.

Según el nuevo jefe del Comando Norte, James Winnefeld, su prioridad número uno será la asociación con México, país donde, dijo, existe un enemigo interno que vive entre los civiles. Dado que el nuevo tipo de guerra irregular es altamente violatorio de las leyes que regulan los conflictos bélicos y los derechos humanos (como está comprobado en Colombia, Afganistán, Irak y Ciudad Juárez), el curso abarca talleres y conferencias para integrar a la currícula de litigantes militares mexicanos. En un país que vive un incipiente proceso de afganización (o colombianización, Calderón dixit), la tácita equiparación de los cárteles de la drogas con los talibanes afganos, hace prever una acentuación de tácticas bélicas irregulares (la contrainsurgencia clásica renovada), lo que a la postre derivará, como en Colombia, en una intervención y ocupación militar estadunidense del territorio nacional.

En abono de lo anterior, organismos estadunidenses, como la Oficina en Washington para América Latina (WOLA) y el Centro para Política Internacional (CIP), han señalado que la administración Obama-Clinton continúa con la tendencia a la militarización de la era Bush y concede atención insuficiente a los derechos humanos. Según WOLA, este año 47 por ciento de los 3 mil millones de dólares de ayuda estadunidense a América Latina se destina a fuerzas militares o policiales, la mayor proporción en una década. Si a ello se le suma el relanzamiento de la IV Flota del Pentágono en las aguas azules y marrones del Hemisferio Occidental, las bases en Colombia y Panamá, el golpe en Honduras, la ocupación de Haití, la guerra irregular urbana en Ciudad Juárez y la llegada ahora de los marines a Costa Rica, la dominación de espectro completo se consolida en el eje conservador dependiente México-Colombia.