Barcelona, 10 de julio. Con lemas como somos una nación y nosotros decidimos, más de un millón de personas salieron a las calles de esta ciudad española para defender el estatuto de autonomía ampliada de Cataluña, recientemente recortado por la justicia, en una manifestación que cobró un elevado tono independentista.

La guardia urbana (policía municipal) calculó que la asistencia al mitin llegó a un millón 100 mil personas, aunque los organizadores, Omnium Cultural, una asociación en defensa de la cultura, la lengua e identidad catalanas, estimaron en un millón y medio el número de asistentes.

La marcha estuvo encabezada por un inmensa senyera (bandera catalana), detrás de la cual aparecieron el presidente de la Generalitat (gobierno regional catalán), José Montilla, y sus dos predecesores, el dirigente socialista Pasqual Maragall y el nacionalista Jordi Pujol, mientras miles de banderas catalanas e independentistas podían verse a todo lo largo del multitudinario cortejo.

La multitud tardó casi una hora en avanzar, debido a que el señorial Paseo de Gracia se llenó de gente que no dejaba arrancar la manifestación. El tren subterráneo se colapsó y los autocares que transportaban gente desde fuera de Barcelona no pudieron acercarse al centro.

Mitin sin precedentes

Según el alcalde de la ciudad, Jordi Hereu, Barcelona fue desbordada, y explicó que la manifestación no tenía precedentes, ya que superó la afluencia registrada durante una manifestación en 1977 para reclamar un estatuto de autonomía regional.

Pocas pancartas hacían referencia a la sentencia y al Tribunal Constitucional, y los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya repartían una manita de cartón que rezaba Adiós, España, mientras un grito se extendía entre los jóvenes: nuestra sentencia... independencia.

La manifestación para protestar contra la sentencia del Tribunal Constitucional recibió el apoyo de los principales partidos políticos de la región, salvo de los conservadores del opositor Partido Popular, que nacionalmente es dirigido por el derechista Mariano Rajoy.

El Tribunal Constitucional decidió durante la víspera que no había base legal para reconocer a esa comunidad autónoma del noreste de España como una nación y que el idioma castellano debe tener la misma consideración de lengua vehicular que el catalán, es decir, que no se adopta para el entendimiento de personas que no comparten la misma lengua materna.