l Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño de Oaxaca ha venido denunciando las graves violaciones a los derechos humanos que ha sufrido desde el año pasado el cura de la parroquia de San Pedro Apóstol en la comunidad de San José del Progreso, municipio de Ocotlán, Oaxaca, Martín Octavio García Ortiz, por promover y defender de manera integral y pacífica las garantías individuales de su feligresía, como parte de su ministerio.

Ha sido por ello objeto de calumnias, difamaciones, falsas acusaciones, lesiones, e incluso detención arbitraria y secuestro por parte de las autoridades y personas afines al poder local. Actualmente sigue sujeto a investigación y goza de libertad bajo las reservas de ley, luego de haber tenido que padecer una detención ilegal y una orden de arraigo para incriminarlo, dentro de una averiguación en la que no se ha podido comprobar su culpabilidad ni se le han otorgado las garantías de defensa.

El año pasado habitantes de esa comunidad se enteraron de que la compañía minera Cuzcatlán poseía una concesión para la explotación de oro y plata en la mina denominada San José, y que pronto iba a dar inicio a sus trabajos. La gente comenzó entonces a tomar postura frente a este hecho. Las autoridades municipales y agrarias, junto con un grupo, estaban en favor de la minera. Otro grupo en cambio estaba en contra, pues los habitantes nunca fueron consultados y sabían de los daños que el funcionamiento de la mina ocasionaría al medio ambiente.

A raíz de esto, y como sucede en muchas partes de la República, la población se dividió. Con el propósito de mostrar su inconformidad, el 6 de mayo de 2009 un grupo de personas decidió bloquear el acceso a la mina, lo cual motivó que los cuerpos policiacos lo desalojaran violentamente, con saldo de más de 20 personas detenidas y golpeadas. A partir de esto, el nombre del párroco apareció en diferentes medios, acusándolo de no dedicarse a su ministerio y señalándolo como el que ocasionaba problemas en la región. Incluso un grupo de personas empezó a solicitar su salida de la parroquia.

Frente a estos ataques, la arquidiócesis de Oaxaca, por conducto de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, publicó un documento en el que respaldaba el trabajo pastoral del padre Martín. Ello no obstante, en noviembre el presidente municipal de San José del Progreso irrumpió con un grupo de personas durante la misa en catedral, para pedir a gritos y con pancartas su salida de la parroquia. Al no lograr su propósito, cerraron las calles en las que se encuentra la casa del arzobispo y se plantaron enfrente para seguir insistiendo en la salida del padre Martín.

El 20 de noviembre un periódico local publicó que el alcalde lo había acusado ante la Produraduría General de la República de estar implicado en la retención de funcionarios municipales, señalándolo también como miembro del Ejército Popular Revolucionario, porque lo había visto encapuchado en la parte alta de la iglesia. Por lo que el 16 de diciembre fue requerido. Ahí se le dijo que como el denunciante no aportó pruebas, se le citó para preguntarle si tenía algo que agregar, y se le informó que quienes estaban denunciados directamente de pertenecer al grupo armado eran los líderes que encabezan la defensa de la tierra y se oponen a la mina.

A través de las radiodifusoras locales, el 16 de marzo de este año el presidente municipal volvió a solicitar la intervención del gobernador del estado y del arzobispo para que el padre Martín fuera removido. Es importante señalar que como parte de su trabajo pastoral en la defensa y promoción de los derechos humanos, éste ha difundido también en la parroquia donde se encuentra la educación para el cuidado y la protección de los recursos naturales, y ha facilitado asesorías para la captación de agua, la reforestación y la recuperación de la relación ancestral del ser humano con la tierra, la naturaleza y el agua.

El 19 de junio pasado se dio un enfrentamiento entre los habitantes de San José del Progreso, cuyo saldo fue de dos muertos, dos heridos y 11 detenidos. Ese mismo día un grupo de personas le bloqueó el paso, y con pistola en mano lo obligó a bajar de su vehículo. Abajo lo empezaron a golpear, y mal herido se lo llevaron ilegalmente detenido a un lugar desconocido.

Al ser liberado por las autoridades del gobierno del estado, sus secuestradores impusieron a éstas como condición que el padre fuera consignado ante el Ministerio Público. Sin fincarles a ellos responsabilidades por sus delitos, y sin brindarle atención médica y sicológica –que la requería– a su víctima, así lo retuvieron durante 48 horas para resolver su situación jurídica, al cabo de las cuales todavía pidieron una orden de arraigo al juez mixto de primera instancia de Ocotlán de Morelos. Fue puesto en libertad el pasado 30 de junio a la una y media de la madrugada bajo las reservas de ley y sujeto a investigación, quedando así como indiciado en delitos que no se conocen ni se tienen pruebas para imputarlos.

Como expresa el Centro Bartolomé Carrasco, la medida inconstitucional del arraigo fue decidida para cuadrarle los delitos que pretenden, ante la insuficiencia de indicios para hacer al menos probable su responsabilidad y obstaculizar su defensa. Por ello el centro exige entre otras cosas su exoneración completa; que se garantice el trabajo de las defensoras y los defensores de derechos humanos; que no se criminalice la lucha social y se establezcan mecanismos eficaces para solucionar pacíficamente y en forma justa los conflictos de las comunidades.