León, Gto., 9 de julio. Un hombre murió en las instalaciones de la Central de Policía de León (Cepol), después de ser detenido por estar ebrio en la vía pública.

La Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) reportó que se ignora qué le sucedió al sujeto de unos 50 años de edad, que aún está en calidad de desconocido y cuyo caso elevó a nueve el número de personas muertas en cárceles municipales y Centros de Readaptación Social (Ceresos) de Guanajuato, en los recientes 14 meses.

Según la dependencia estatal, el hombre falleció sentado en una banca de la Cepol antes de ser ingresado a barandilla, y en la necropsia no se hallaron huellas de violencia, por lo que se realizan estudios patológicos para determinar la causa del deceso.

El director de la policía de León, Juan Manuel Portillo Guevara, dijo que el desconocido no tenía lesiones, por lo que se espera que ningún agente de la corporación tenga responsabilidad en el hecho; pero en caso contrario, si alguien incurrió en una conducta indebida, será castigado conforme a la ley.

De abril de 2009 al mes en curso, en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) Mil de Valle de Santiago dos internos se ahorcaron en sus celdas y otro fue asesinado de una puñalada. En el de León se quitó la vida un reo, y en los separos de Santa Catarina, Villagrán, Irapuato y ahora en el de León han muerto cinco detenidos.

En el caso de Irapuato fueron dos las muertes ocurridas en la comandancia de policía municipal durante mayo pasado. En una, el detenido Daniel Murillo Carrillo perdió la vida por la golpiza que le propinaron policías ahora prófugos, cuya identidad no fue revelada por las autoridades ministeriales.

Antes –hace 18 meses– el agricultor y ganadero Vicente Palomo fue torturado y asesinado en instalaciones de la PGJE durante un interrogatorio.

El 20 de enero de 2009, en el municipio de San Felipe, sus captores atormentaron a Palomo con descargas eléctricas y terminaron asfixiándolo con una bolsa de plástico.

En el crimen participaron cinco policías ministeriales, pero el entonces procurador de Justicia, Daniel Chowell Arenas –actualmente magistrado del Supremo Tribunal de Justicia– sólo consignó a dos.

Al principio, Chowell ocultó la tortura y quiso exculpar a los homicidas. Dijo que Palomo forcejeó y falleció cuando intentaron someterlo.

Se exhortó a la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) a emitir nueve recomendaciones y fue entonces que el funcionario inició la acción penal contra los demás implicados.

Finalmente los policías Daniel Méndez y Jorge Antonio Zavala fueron encarcelados, pero del delegado zonal Juan Antonio Peña, el jefe de grupo Francisco Javier Sandoval y el agente Juan Carlos Durán hasta la fecha no hay rastro alguno.

En sus intervenciones respecto a las muertes y suicidios de reos y detenidos, el titular de la PDHG, Gustavo Rodríguez Junquera, dijo que la mayoría de los casos es resultado de la falta de infraestructura idónea para resguardarlos, así como a deficiencias imputables al estado y los municipios.

Las cárceles municipales deben contar con un reglamento interno, servicio médico, árbitros calificadores y cámaras de video para un permanente monitoreo de las personas detenidas por faltas administrativas o delitos, recomendó la defensoría humanitaria. La novena víctima, el desconocido muerto en la Cepol de León, no conoció esa reforma.