La Secretaría del Medio Ambiente (SMA) del Distrito Federal autorizó a la empresa controladora Vía Rápida Poetas SA de CV comenzar la construcción de la supervía sur poniente, que unirá Santa Fe con la avenida Luis Cabrera.

En conferencia de prensa, Martha Delgado Peralta, secretaria de Medio Ambiente, aseveró que para otorgar esta autorización condicionada se tomaron en cuenta las opiniones de vecinos, organismos ambientales –incluso las de la PAOT–, e instituciones académicas en torno a la supervía, por lo que señalaron más de 60 condicionantes adicionales que son obligatorias. El incumplimiento de cualquiera de éstas tiene sanciones dentro de la ley.

De esta manera la empresa deberá, entre otras condiciones: reforestar la zona de obra con más de 112 mil árboles de especies nativas, instalar dos viveros forestales, presentar un programa hidrológico que garantice por lo menos la condición actual de recarga del acuífero mediante la captación de agua pluvial, reducir de 22 a seis los carriles en zonas de peaje, con un sistema de cobro automatizado, permitir el tránsito de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros, y pagar una compensación de 50 millones de pesos para el Fondo Ambiental Público del Gobierno del DF, que se destinarán a la preservación de barrancas, así como la conservación y protección de áreas naturales protegidas de la zona poniente.

Sobre estos recursos, Delgado Peralta detalló que de inicio la empresa debe entregar un monto de 16 millones de pesos y el resto, dependiendo de las evaluaciones del avance de la obra, de manera trimestral.

Esta cantidad representa 1.5 por ciento del costo total de la obra, una medida sin precedentes, subrayó Martha Delgado.

La secretaria admitió que por existir un conflicto de intereses, Alejandro Nyssen Ocaranza se excusó de participar en la dictaminación de la manifestación de impacto ambiental de la supervía, y dejó la dirección general de Regulación Ambiental el pasado 30 de junio.

Vecinos que se oponen a la supervía señalaron que la Secretaría del Medio Ambiente ha sido juez y parte pues antes de velar por los recursos naturales de la ciudad terminó por defender un proyecto económico.

El 30 de junio, integrantes del Frente Amplio contra la vialidad de peaje dieron a conocer el título de concesión de la supervía en el que se establece que la tarifa inicial de esta vía será de 28 pesos por recorrer en total 5.24 kilómetros; es decir, cada kilómetro costaría poco más de cinco pesos a los automovilistas.

Advirtieron que en este título de concesión hay varias cláusulas que pueden ser ilegales y ponen en riesgo al DF, desde el punto de vista de medio ambiente y financiero. Lo que evidencia que el Gobierno del DF privilegia a una empresa privada por encima de sus obligaciones con la ciudadanía.

Con base en los documentos, los vecinos señalaron que el gobierno local ayudara a la empresa a obtener licencias, permisos y consentimientos en materia ambiental”.

Integrantes del movimiento Ciudadanos por Contreras solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atraer la queja que presentaron ante su homóloga local con el argumento de que el organismo que preside Luis González Placencia ha sido omiso.

Diputados del PRD en la Asamblea Legislativa consideraron que sí hay conflicto de intereses en el caso de la supervía. Leonel Luna dijo que independientemente de que haya renunciado el funcionario, es obvio que estuvo en una situación que benefició a la empresa.

Agregó que sería pertinente que el estudio de impacto ambiental fuera revisado por la UNAM y la Universidad Autónoma Chapingo.