orpresa positiva, la única entre tanto peligro y disparate: la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenando la libertad inmediata de los 12 luchadores de Atenco encarcelados hace cuatro años. Por fin la Corte atiende la exigencia nacional e internacional de justicia, reconocimiento indirecto pero claramente de que las aprehensiones y condenas de los ahora liberados tuvieron como causa la persecución política.

Porque fue la persecución política la que condujo al engendro de imponerles penas que llegan hasta los 112 años de prisión. Lo cual demuestra otra vez que en el estado de México, a pesar de los disimulos verbales del gobernador, el Ejecutivo es el jefe de las instituciones, desde luego por arriba del sistema judicial. Tal es el significado profundo de su invocación para que se refuerce el presidencialismo, que en el fondo sería algo así como un diazordacismo, pero más autoritario. Que se hace ya costumbre en ese estado: la “muerte accidental de la niña Paulette fue a todas luces decidida por el gobernador, como menos dañina a su causa. Ahora la Suprema Corte declara que las pruebas para acusar a los liberados de secuestro equiparado fueron totalmente ilegales, indicando que en situación de lucha política (la defensa de la tierra, en el caso de Atenco), y el pretendido secuestro de agentes y funcionarios, tiene otro alcance y significado.

Pero no piense usted que la orden liberadora de la Suprema Corte se aplicó lisa y llanamente. No. Hubo resistencias de los funcionarios del gobierno del estado a los que parece se unió la Secretaria de Seguridad Pública. En un momento pareció que el boicot se saldría con la suya, y fue necesaria una intervención del más alto nivel para lograr que los responsables cumplieran con la instrucción de la Corte. Todo indica que la orden que los metió en cintura salió de la Secretaría de Gobernación, obviamente en consulta con el Presidente de la República. De verdad al gobernador Peña Nieto le están saliendo los tiros por la culata, y ya muchos suspiran, hablando de Atlacomulco, por las habilidades políticas de Hank González y hasta de Alfredo del Mazo.

Sin olvidar que están pendientes los casos de 27 mujeres violadas en los desmanes de la autoridad mexiquense en mayo de 2006. Y el caso de América del Valle, en capilla en su gestión de asilo por el gobierno de Venezuela. Muchos opinan que en buen manejo político correspondería el inmediato desistimiento de las acusaciones que pesan sobre ella, en aplicación de los criterios ya fijados por la Suprema Corte.

Que resultan una reivindicación de los derechos civiles y humanos de los acusados, apenas días después de que el inefable secretario de Gobernación, en una grotesca declaración, calificó a los organismos de derechos humanos como tontos útiles al servicio de la delincuencia. Pero Fernando Gómez Mont no fue lejos por la respuesta: comisiones de derechos humanos de todo el país, asociaciones militantes en favor de su respeto, diputados y senadores, y hasta miembros del clero, subrayaron el carácter autoritario de incluso totalitario de tales declaraciones, ahora sí en defensa de los violadores de los derechos humanos, y un tono y manera en que se defienden las arbitrariedades del Estado, incluido el Ejército, señalado como violador flagrante y frecuente de las garantías individuales. Y peor aún: autor de muertes.

Diputados de todos los partidos calificaron las expresiones del secretario como criminalidad de Estado y tentaciones de autoritarismo extremo. Por eso no deja de sorprender que Felipe Calderón, cada vez de manera más plañidera, se queje de la ausencia de apoyo de los mexicanos a su gobierno, y especialmente a su guerra contra el crimen organizado. ¿Después de estos botones de muestra de su principal asesor y ejecutor político? Como alguien lo definió: Felipe Calderón no ve ni escucha. La guerra que ha implantado, y pierde, nos lleva a abismos insondables, como se demostró otra vez con el asesinato del candidato a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú. Que no fue un asesinato más en México, sino un verdadero desafío al Estado mexicano.

El problema de fondo es que Felipe Calderón ha decidido una estrategia contra el crimen organizado puramente militar. Mientras los analistas con experiencia sostienen que ante un problema tan complejo como el del narcotráfico no puede optarse por una sola vía, lo cual resulta simplista, sino que ha de ser una estrategia igualmente compleja y multidimensional, no sólo de orden militar, sino de inteligencia y acción social variada: combate en serio al lavado de dinero que implica la vigilancia de un sinfín de empresas fantasma, plan nacional contra la corrupción, comenzando por el aparato de la justicia, educación y empleos para proporcionar otras opciones a la juventud, que en vista del panorama negro que viven se suman a la delincuencia y al consumo de las drogas, etcétera.

En próximo artículo ampliaremos la reflexión sobre los caminos alternativos de una real estrategia contra el crimen organizado que, por supuesto, tiene que ver con los modelos económicos de nuestro desarrollo, que pasan por el rechazo tajante de las mentiras del neoliberalismo, a las que todavía se aferra Felipe Calderón, y que son seguramente la matriz del desastre que vivimos.