Tultitlán, Méx., 2 de julio. Presuntos policías federales abrieron a patadas la puerta de la Casa del Migrante San Juan Diego, ubicada en la colonia Lechería de este municipio, de donde intentaron llevarse a unos 30 centroamericanos, algunos a rastras, pero encargados de ese centro y vecinos lo impidieron, informó el sacerdote Sergio García Lenarduzzi, responsable de ese refugio.

Testigos dijeron que eran unos 20 individuos vestidos de negro, encapuchados y con insignias de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Policía Federal (PF), quienes llegaron alrededor de las dos de la tarde en dos camionetas sin placas de circulación y un vehículo con el logotipo Ferrovalle (Ferrocarriles del Valle de México).

A empujones, agredieron a personal que intentó impedir la detención de los ciudadanos originarios de El Salvador, Guatemala y Honduras, a quienes subieron a las camionetas a golpes.

Uno de los extranjeros fue tirado y pateado por dos supuestos agentes, lo que provocó que unos 50 vecinos de la calle Cerrada de La Cruz, donde se ubica el centro de apoyo, se unieran a la defensa de los indocumentados.

Con armas largas, los presuntos agentes encañonaron a los colonos. Aun así, éstos detuvieron las unidades y regresaron a los migrantes al refugio.

Un vecino que padece diabetes y convalece de una operación fue confundido por los supuestos policías, quienes trataron de llevárselo, pero fue defendido por los colonos. Otro, identificado como Mariano, resultó descalabrado. Unidades de Protección Civil acudieron al lugar y atendieron al lesionado.

Al sentirse en minoría, los presuntos federales huyeron protegidos por una patrulla de la policía de Tultitlán. Sin embargo, lograron llevarse a la hondureña Wendy Herrera Vaquero, de 19 años, quien fue abandonada a cinco kilómetros del refugio y por la noche reincorporada al mismo.

Más tarde llegaron seis visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que al cierre de esta edición aún realizaba indagatorias.

Al menos 100 indocumentados se encontraban refugiados allí, pero no se permitió el ingreso de representantes de los medios de comunicación.

El sacerdote García Lenarduzzi informó que esta misma noche presentaría una demanda penal ante el Ministerio Público Federal con sede en Tlalnepantla. A la indagatoria, añadió, se integrará un video y 35 testimonios.

No tenían por qué ingresar porque el lugar cuenta con el aval del Instituto Nacional de Migración, apuntó el sacerdote, y exigió a esa dependencia y a la PGR que aclaren si fueron sus agentes quienes realizaron el operativo; de lo contrario, “tememos que sean zetas”, que en ocasiones secuestran a migrantes para cobrar rescates por ellos.

No podemos asegurar que sean agentes, expresó, porque vía Internet y de manera extraoficial autoridades federales dijeron que no hubo operativo antimigrante en la zona.

La casa fue fundada por la Iglesia católica y la alcaldía el 19 de enero de 2009. El centro es sostenido por Cáritas, la sociedad civil y tiendas de autoservicio, que aportan alimentos, calzado, ropa y servicios médicos.

Explicó que el refugio está bajo la protección de la Iglesia y forma parte de las 43 casas de migrantes distribuidas en todo el país que pertenecen a la Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

La Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, dependiente de la CEM, a cargo del arzobispo de Tijuana, Rafael Romo, condenó la agresión. Lamentó que la ayuda humanitaria y gratuita que despliegan en favor de los migrantes sea criminalizada por diferentes actores, lo cual ha originado que dos de nuestros agentes de la pastoral gocen de medidas cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Demandó que las autoridades estatales, municipales y federales cumplan las medidas de protección solicitadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se investigue el allanamiento ilegal a instalaciones de la Iglesia y se analicen las políticas migratorias y de seguridad pública, que aumentan la vulnerabilidad de los migrantes y de los agentes de la pastoral.

En la zona de Lechería confluyen vías del ferrocarril procedentes de Veracruz con las que van al norte, por lo que al sitio arriban en tren diariamente hasta 300 indocumentados.

Por eso la zona se ha convertido en centro de reunión de indocumentados de Centro y Sudamérica, pero también ha atraído a delincuentes y policías que secuestran, asaltan, extorsionan y abusan de los indocumentados.

En noviembre de 2009, el alcalde del vecino municipio de Ecatepec, el priísta Eruviel Ávila Villegas, cerró la Casa del Migrante que había puesto en operación su antecesor, el perredista José Luis Gutiérrez Cureño.

Con información de Carolina Gómez Mena