or mayoría de cuatro votos contra uno, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer la liberación de 12 simpatizantes e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), entre los que se encuentra Ignacio del Valle –condenado a 112 años de prisión por secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación–, quienes permanecían en prisión desde los enfrentamientos en San Salvador Atenco y Texcoco ocurridos en mayo de 2006. De acuerdo con los magistrados, las condenas dictadas en contra de los activistas fueron producto de procesos irregulares en los que se emplearon pruebas ilegales por medio de los cuales se buscó, a decir del ministro Juan Silva Meza, dar maquillaje institucional a un acto de criminalización de la protesta social.

La resolución comentada constituye un hecho positivo y saludable por cuanto implica la reparación de una profunda injusticia: debe recordarse que los presos de Atenco, al igual que muchos de los habitantes de esa localidad mexiquense, fueron víctimas de un acto de represión y uso desmedido de la violencia por parte del Estado, que derivó, como han documentado diversos organismos defensores de derechos humanos, en violaciones, golpizas, detenciones arbitrarias, incomunicaciones, allanamientos de morada, robo de pertenencias a manos de policías estatales y federales, así como en la muerte de dos personas. Por añadidura, en los meses posteriores a estos hechos los reclusos enfrentaron procesos plagados de irregularidades y padecieron la aplicación facciosa de las leyes, traducida en la invención del delito de secuestro equiparado y en sentencias desproporcionadas y a todas luces injustas.

Resulta alentador, pues, que una instancia de la SCJN rectifique ahora un atropello cometido por diversos órganos del Estado y reivindique en alguna medida a ese cuerpo de impartición de justicia, afectado por un severo descrédito como consecuencia de un historial de fallos impresentables de sus propios magistrados.

No obstante, la determinación de la Corte no alcanza a reparar el enorme sentir de extravío en los aparatos estatales de procuración e impartición de justicia, que en el caso que se comenta ha derivado en la aplicación de un castigo injustificable para los activistas de Atenco y en la persistencia de impunidad para los responsables de las vejaciones y atropellos cometidos hace más de cuatro años en esa localidad mexiquense. Es pertinente recordar, al respecto, que la propia SCJN determinó, en febrero del año pasado, eximir de toda pesquisa a connotados funcionarios de los ámbitos local y federal que ocupaban por entonces posiciones de poder en las que cabe presumir alguna responsabilidad por esos hechos.

Sería erróneo, en suma, considerar que la liberación de los presos atenquenses pone punto final al episodio: antes bien, este hecho debe ser la primera de una serie de acciones orientadas a reparar el daño causado a los activistas, dentro de las cuales deberán incluirse las correspondientes investigaciones en contra de los funcionarios estatales y federales, así como de los integrantes del Poder Judicial que los mantuvieron injustamente encarcelados durante cuatro años. Es exigible, asimismo, la cancelación de las órdenes de aprehensión que actualmente pesan sobre América del Valle –hija del dirigente del FPDT, la que recientemente solicitó asilo político al gobierno de Venezuela–, así como de las órdenes de arresto adicionales que persisten en contra de los líderes de Atenco.

Por último, y sin demeritar la labor realizada por los ministros de la SCJN que votaron a favor de estas liberaciones y exhibieron en este caso un valioso sentido de justicia, cabe reconocer que el fallo comentado constituye una victoria para las organizaciones defensoras de los derechos humanos, los activistas nacionales y extranjeros y los incontables ciudadanos aislados que hicieron oír sus voces para que se corrigiera un atropello mayúsculo a los derechos de los presos y un agravio a la legalidad y el estado de derecho.