Condena unánime de todos los sectores políticos y sociales provocó el asesinato del candidato a gobernador de Tamaulipas de PRI, PVEM y Nueva Alianza, Rodolfo Torre Cantú, el cual fue considerado un atentado al sistema democrático. Hubo quienes plantearon la necesidad de que los comicios del domingo sean postergados porque se carece de condiciones para que se puedan efectuar.

El ex secretario de Gobernación y actual senador Francisco Labastida Ochoa sostuvo que no hay condiciones para que continúen las elecciones en ese estado. Por ejemplo, en las boletas electorales aparece el nombre de Torre Cantú, pero ya no hay tiempo para sustituirlas. Consideró que la determinación de que se pospongan los comicios la deberán determinar las autoridades y el partido.

En San Lázaro, en una declaración en la que por momentos se le quebró la voz, el coordinador de la bancada priísta, Francisco Rojas, expresó su profunda tristeza por el asesinato del candidato, y refirió que todavía el domingo asistió a un acto público con él.

México no puede seguir en esta ruta de polarización y conflicto permanente. Ya no es suficiente la comunicación mediática de las autoridades o el compromiso de investigaciones que casi nunca concluyen. Tampoco aceptamos que frente a un acontecimiento de esta magnitud se preconstituyan argumentos o excusas que no reconozcan el profundo deterioro que vive la sociedad mexicana, afirmó.

El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, suspendió su gira a China y regresó a México desde San Francisco, California, tras la ejecución. Condenó de manera enérgica el asesinato y llamó a mantener la serenidad frente al clima de violencia y los desafíos que en materia de seguridad vive el país.

En el mismo sentido se pronunció el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien llamó a una adoptar una acción unitaria y eficaz de todas las fuerzas políticas y de los tres niveles de gobierno, para enfrentar al crimen organizado. Ofreció el apoyo a las autoridades locales en todo lo necesario para contribuir en esa lucha.

Los senadores priístas expresaron que el país ha sido vulnerado con este crimen. Es un atentado contra el pueblo de Tamaulipas y directamente contra el PRI y su candidato. Es un atentado a la democracia y a todos los mexicanos. La sociedad y los priístas no nos intimidaremos por estos actos.

Aseguraron que no se puede omitir que este crimen se da en un contexto de creciente violencia e impunidad, al que es necesario poner fin. Es hora de rencontrar el camino a la concordia y de la solidaridad entre todos los mexicanos, para superar los graves problemas del país.

El presidente del Senado, Carlos Navarrete, condenó el asesinato, demandó una investigación a fondo y pidió que las autoridades responsables pongan en práctica las medidas necesarias para que en las elecciones se garanticen las condiciones para el ejercicio del voto ciudadano.

Arturo Núñez Jiménez, senador del PRD y ex director del Instituto Federal Electoral, manifestó que “los comicios en Tamaulipas podrían suspenderse. No sé si el PRI está en condiciones de reponer candidatos en cuatro o cinco días, un periodo muy cerca de la elección. El tricolor podría pedir al Congreso del estado y al Instituto Estatal Electoral que reprogramen la fecha, pero debe ser a solicitud de parte”.

En la Cámara de Diputados, la fracción del PAN consideró que el asesinato deja claro que con el crimen organizado no puede pactarse; hay que combatirlo (porque) es una amenaza contra el Estado mismo, y enfrentarlo trasciende las coyunturas políticas y electorales.

En un comunicado, el coordinador del PRD, Alejandro Encinas, exigió que el gobierno federal garantice la seguridad de los candidatos. El asesinato de Torre Cantú significa un retroceso en la lucha por la igualdad, un regreso al pasado en el que grupos oscuros desean satisfacer sus intereses sin importar el debilitamiento del Estado y el resquebrajamiento de las instituciones, dijo.

La arquidiócesis de México y la diócesis de Saltillo condenaron el asesinato, y coincidieron en llamar a los que participan en actividades del crimen organizado a que cesen ya sus actividades delictivas.

Lo ocurrido es un signo muy grave de la capacidad que ya tienen (los grupos delictivos) para desestabilizar el país y de anular el poder público, y de establecer sus propios parámetros de control, afirmó Raúl Vera, obispo de Saltillo.

Víctor Ballinas, Enrique Méndez, Raul Llanos, Laura Gómez y Gabriel León