La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló –en respuesta a las declaraciones del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont– que su compromiso invariable es con las víctimas del delito, que con frecuencia, además de los efectos de la delincuencia, padecen la indolencia de servidores públicos que les niegan atención y apoyo.

El llamado que hizo el funcionario federal el pasado viernes a las comisiones nacional y estatales de derechos humanos a que eviten ser tontos útiles de la delincuencia no contribuye al respeto institucional, señaló el ombudsman, y exigió a Gómez Mont respeto al trabajo de los defensores de esas garantías.

La CNDH advirtió que en un régimen democrático resulta inconcebible que la propia autoridad pretenda desacreditar el trabajo de los defensores de esos derechos. Se refirió a la declaración universal en la materia, según la cual pueblos y naciones deben esforzarse en la promoción y respeto de esas garantías.

Aunque el presidente de la comisión, Raúl Plascencia, se mostró cauto el pasado viernes cuando participó con Gómez Mont en la Jornada 2010 de prevención de la tortura, ayer subrayó que durante los pasados 20 años la CNDH ha actuado para lograr que se hagan efectivos esos derechos.

Insistió en que el compromiso del organismo es con la sociedad, así como ayudar y defender a las víctimas. En ese sentido, la posición del ombudsman nacional se mantendrá invariable, advirtió.

Gómez Mont planteó que si bien no debe haber complicidad o encubrimiento de las anomalías que puedan existir dentro de las instituciones de seguridad, dichas comisiones tampoco deben ser tontos útiles de una delincuencia a la que le sirve deslegitimar, perseguir, contener, condicionar, debilitar la acción de la autoridad.

Instó a esos organismos a ser perspicaces para distinguir qué huellas son producto de la tortura y cuáles resultado del sometimiento de alguien que se niega a ser detenido. Apuntó que a veces en esas operaciones de resistencia de los particulares se tiene que entrar por vías de hechos a someterlos.

Lo anterior, luego de la reciente polémica entre Gobernación y la CNDH por la recomendación 36/2010 que ésta dirigió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por haber encontrado responsabilidad de militares en la muerte de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar, en Tamaulipas.

Bucareli rechazó el contenido de la recomendación, y este sábado el ombudsman reiteró que espera la respuesta oficial de la Sedena.

También reconoció el derecho del secretario Gómez Mont de expresarse libremente; sin embargo, consideró que esos pronunciamientos no contribuyen al respeto institucional.

Resaltó que el menosprecio de esos derechos ha originado actos de barbarie. La CNDH también busca reforzar los cimientos de las normas básicas de convivencia social; se trata de hacer realidad ese país al que aspiramos desde hace 200 años, abundó.

Se planean actos arbitrarios, alertan

El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila, Miguel Arizpe Jiménez, señaló que las declaraciones de Gómez Mont obedecen a la molestia del gobierno federal por los señalamientos de la CNDH contra el Ejército por el asesinato de los niños Almanza en un retén de Tamaulipas.

El ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, durante una entrevista con La Jornada, en noviembre pasadoFoto Carlos Cisneros

Consideró que esas afirmaciones no contribuyen a la relación respetuosa que debe existir entre el gobierno y los ombudsman.

Añadió: en lugar de contribuir a un nivel de respeto, se cae en un calificativo lamentable.

El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, opinó que esos señalamientos reflejan el régimen de autoritarismo en que se encuentra el país, y señaló que se busca justificar actos de arbitrariedad que el gobierno federal planea cometer contra ciudadanos.

El procurador de los Derechos Humanos y de Protección Ciudadana de Baja California, Heriberto García García, lamentó las declaraciones del funcionario federal, al señalar que éste desconoce que el papel de la CNDH y de los organismos estatales ha sido fundamental para el desarrollo de México.

Las afirmaciones se alejan de una visión de Estado, provocan desencuentros en estos momentos de inseguridad, cuando la lucha contra la violencia ha costado muchas vidas de gentes inocentes, y no ayuda a buscar junto con otras instituciones una solución al clima de adversidad que se vive, abundó.

Juan José Ríos Estavillo, ombudsman de Sinaloa, dijo que las afirmaciones no sólo ofenden a los defensores de derechos, sino a las instituciones.

Recordó que los ombudsman surgieron luego de la muerte de Norma Corona Sapién, quien fundó en esa entidad la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos –organización que aún existe– y fue ejecutada a balazos en mayo de 1990, en Culiacán.

La presidenta del Frente Cívico Sinaloense, Mercedes Murillo Monge, afirmó que Gómez Mont es un ignorante de la Carta Magna, por lo cual debe renunciar.

Los que violan la Constitución, los derechos humanos, no deben estar dentro del gobierno, porque no saben de garantías individuales ni del papel que juegan los defensores de los derechos ciudadanos, que son los que defienden las leyes en este país.

En Chihuahua, el presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Civil, el sacerdote jesuita Javier Ávila, aseveró que Gómez Mont falta al respeto a organizaciones que se han entregado por opción de vida, no de sexenio, a la defensa de los derechos humanos.

Este señor critica mucho y conoce poco lo que las organizaciones hacemos. No sabe qué decir, no tiene argumentos en la cabeza. Lo único que tiene es coraje, porque cuando las organizaciones señalamos y documentamos las cosas tan burdas que hace el Ejército en contra de la ciudadanía, ellos (los funcionarios) no tienen puntos de defensa real, y cuando intentan hacerlo lo hacen golpeado, como ahora, aseveró.

Ángeles Cruz Martínez, reportera; Leopoldo Ramos, Javier Valdez, Antonio Heras y Miroslava Breach, corresponsales