Más que el interés sobre los beneficios para la salud infantil, en la consulta pública que lleva a cabo la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) sobre la venta de comida y bebidas en las escuelas predominan los argumentos económicos de las empresas.

Además, las cámaras y asociaciones de la industria de alimentos abrieron otro frente en defensa del comercio: sostienen que los lineamientos generales para el expendio o distribución de comida y bebidas en establecimientos de los planteles de educación básica, nombre oficial del anteproyecto, se basan en el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, pero éste es sólo un programa y no una ley o decreto que estén obligados a cumplir.

Muchas organizaciones de la industria alimentaria suscribieron el acuerdo ante el reto de mejorar la salud pública, pero el anteproyecto de regulación de venta de alimentos y bebidas en las escuelas –presentado por las secretarías de Salud (Ssa) y de Educación Pública (SEP)– contravienen su naturaleza y fines”, señala la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera en sus comentarios a la Cofemer.

Casi con los mismos argumentos, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac) y la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (Canami) aseveran que la iniciativa “violenta la Constitución y sus lineamientos son excluyentes, discriminatorios e inequitativos, complejos de aplicar y supervisar, sesgados y sin sustento científico, incongruentes y privilegian la estigmatización de productos.

En los 11 días que cumple la consulta, el organismo ha recibido una cascada de comentarios y posturas en contra de esta regulación sobre pequeñas y medianas empresas del país que se presentan como proveedoras de los grandes corporativos de los alimentos industrializados, como Coca-Cola o Pepsico.

Desde fábricas de chocolates y mazapanes hasta empacadoras y ferreterías exponen a la Cofemer los mismos argumentos económicos de las grandes firmas: aprobar los lineamientos que diseñaron las dependencias sobre la venta de comida en cooperativas y tiendas escolares, provocará desempleo y pérdidas económicas.

Desde el 10 de junio, cuando se abrió la consulta y hasta este jueves 24, la Cofemer recibió 47 comentarios de particulares, como los denomina, pero de ellos la mayoría son de cámaras y organizaciones del sector privado y empresas, entre ellas ConMéxico, las Cámara Nacional de Industria de Conservas Alimenticias (Canainca), la de Aceites y Grasas (Canajaa), la Panificadora (Canainpa), la del Azúcar y ANPRAC, entre otras.

Brillan por su ausencia las opiniones de organizaciones civiles y grupos de consumidores, así como de instituciones en educación y salud, mientras que apenas tres madres y un padre de familia, así como cinco especialistas (una enfermera, un tecnólogo y dos ingenieros en alimentos, así como una licenciada en nutrición) han participado en el proceso.

Si bien no todas las opiniones de las madres y especialistas están en favor de la propuesta del gobierno (algunas sostienen que se coarta la libertad de elegir y la obesidad debe ser tratada de manera integral) se pierden entre los argumentos de las empresas.

Incluso un padre, César García, se muestra sorprendido por los argumentos de las empresas: ¿Acaso su responsabilidad social hace que velen más por sus intereses económicos que por la salud de nuestros hijos? ¿Es éticamente correcto generar utilidades a costa de la salud de nuestros hijos?.

Mientras, una licenciada en enfermería de Guanajuato, María Eugenia Cruz, sentencia que las escuelas no son centros para generar ganancias por la venta de alimentos.