ubo responsabilidad, pero no hubo responsables, dijo el editorial de La Jornada, reconociendo que nos hemos convertido en una nación de irresponsables; un pueblo que descansando en esotéricos argumentos jurídicos (¡como si fuésemos un verdadero estado de derecho), atrincherado en posiciones políticas y protegido por tribunales que abdican de sus responsabilidades sociales, esconde bajo el tapete sus grandes tragedias nacionales. (Por eso, entre bromas y veras, nos describimos como el país donde nunca pasa nada.) La medalla de oro se la lleva el magistrado José Guadalupe Luna Altamirano, que resolvió Tlatelolco de un certero plumazo: hubo genocidio, sí, pero no hubo culpables, exonerando con ello a Luis Echeverría.

Y con la misma delicadeza con la que hoy actúa la mayoría de los ministros de la Corte, el melindroso Luna Altamirano se refugió en la teoría pura del derecho aclarando, para que nadie dudara de su profesionalismo, que su resolución se encontraba completamente exenta de todo tipo de cuestiones sentimentales, humanitarias, ideológicas, sociales o políticas: ¡fue obra de un robot jurídico! Hoy se repite la historia. ¿Para qué sirve un sistema jurídico esterilizado, que opera conforme a la letra de la ley pero al margen de la sociedad?

Mientras los padres de los 49 inocentes muertos (y aquellos de los 104 menores enfermos o marcados de por vida) esperan justicia, ministros melindrosos y algunos analistas políticos sin conocimientos jurídicos hacen piruetas alrededor del artículo 97 constitucional y disquisiciones filosóficas sobre su aplicabilidad en la tragedia de la guardería. Los legos están en cierto modo justificados, porque por motivos políticos los propios ministros han denigrado esa valiosa disposición legal, considerándola un artículo anacrónico y redactado con los pies (Mariano Azuela), o un numeral que no sirve para nada (Salvador Aguirre Anguiano).

Frente a la arrogancia de Azuela y la displicencia de Aguirre, es un placer leer el proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Donde otros, por motivos políticos o tecnicismos legales, se quedan atrapados en la letra de la ley, él va más allá: considera, con visión de jurista moderno, que la disposición constitucional es una valiosa herramienta que puede contribuir a la democratización de México. Adoptando el concepto de una Constitución viva, que va adaptándose a las realidades sociales, Zaldívar afirmó, en un proyecto rechazado por la mayoría, que el artículo 97 no debe considerarse una invasión en el ejercicio del poder público sino “una facultad que se inserta en el juego democrático y (…) coadyuva a la operatividad (…) del sistema”.

Con argumentos jurídicos objetivos y bien fundados, el proyecto Zaldívar apuntaba graves violaciones a los derechos humanos y señalaba responsables: Molinar Horcasitas, Karam, Bours y el ex alcalde de Hermosillo. Una a una, el proyecto desmenuzó las obligaciones legales de esos funcionarios, y su responsabilidad personal en la cadena de mando. Mostró cómo y dónde incumplieron. (Vale la pena que Fernando Gómez Mont, destacado abogado postulante, lea personalmente esa parte del proyecto, para que no repita que un servidor público sólo debe responder por el tramo de control que le corresponde: ¿cuál es ese tramo, señor secretario, y hasta dónde alcanza? El ministro Zaldívar se lo aclara.)

Arturo Zaldívar relata, con lujo de detalles y maestría de lenguaje, el infierno en la tierra que fue el incendio: 14 maestras en servicio (en vez de 41) intentando salvar a 200 niños; la guardería compartiendo el inmueble con una bodega de la Secretaría de Hacienda, que almacenaba cinco toneladas de papeles que prendieron como hojarasca; el techo de poliuretano despidiendo nubes de gases tóxicos, y deshaciéndose en una infernal lluvia de fuego… ¿Quién les negaría a esos padres la justicia arguyendo que el artículo 97 es anacrónico, o que no sirve para nada?

El proyecto Zaldívar concluyó, tras un minucioso análisis de 300 páginas, que a Molinar Horcasitas le era atribuible el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación, que propició las condiciones para la tragedia. No obstante, el dictamen de la mayoría exoneró a los principales funcionarios involucrados.

Felipe Calderón no podría haber escogido mejor abogado para defender a los suyos que Gómez Mont. Conocedor de la ley y político sagaz, el secretario reconoció varias visitas a la Corte antes del fallo, pero afirmó que no hizo nada indebido: no fui a defender a nadie ni a litigar en contra de los padres. ¿A qué fue entonces? A asegurarse, mediante indebidos alegatos de oreja que violan la separación de poderes, que ministros obsecuentes interpretaran correctamente la letra del artículo 97.

Como la Corte tampoco pudo entrar allí dónde autoridades e instituciones fallaron (cito el proyecto Zaldívar), hoy sólo quedan abiertas las instancias internacionales, para que el régimen siga acumulando fallos judiciales contra México.

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