El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) decidió acatar una orden judicial y retener 13.1 millones de pesos de las prerrogativas mensuales del PRD, para liquidar las deudas de este partido con Universo Flexo –empresa ligada a Carlos Ahumada– desde hace cinco años.

Varios consejeros argumentaron que en este caso el IFE carece de facultades para retener prerrogativas al PRD, pero el Consejo General decidió acatar la orden judicial.

El PRD anunció que presentará una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Durante la sesión, el PRD fue multado con 2 millones 168 mil pesos por una queja presentada en su contra por haber obtenido ingresos por un monto similar de personas no identificadas.

El Consejo General del IFE también aprobó sancionar al PAN con 127 mil pesos, por la publicación de un desplegado de diputados federales panistas durante el proceso electoral de 2009.

El litigio entre PRD y Universo Flexo data de la gestión de Rosario Robles como presidenta de ese partido, cuando se firmó un contrato para suministros diversos. La deuda nunca fue reconocida por las dirigencias perredistas posteriores y en 2005 el caso llegó a tribunales.

En días recientes un juez emitió un fallo y ordenó al IFE retener la cantidad mencionada para asegurar el pago de la deuda.

El caso ya había sido impugnado por el PRD, que cuestionó la decisión que en su momento adoptó la secretaría ejecutiva del IFE para retener las prerrogativas; el TEPJF lo analizó y regresó el expediente.

Ayer, la decisión del IFE fue respaldada por seis consejeros, entre ellos Virgilio Andrade, Macarita Elizondo y Marco Antonio Gómez Alcántar, quienes argumentaron que era imposible eludir una orden judicial.

Gómez Alcántar señaló que el IFE está obligado a acatar las sentencias que han causado estado y en este caso se determinó el pago de la deuda. Negó que la decisión pudiera tener efectos negativos en la equidad, ya que ésta se rompería si el PRD no pagara su adeudo.

Marco Antonio Baños cuestionó los alcances de la decisión del IFE, ya que que la resolución del TEPJF no era acatar el fallo del juez y retener las prerrogativas, sino pronunciarse sobre la constitucionalidad de la medida.

Alfredo Figueroa y Arturo Sánchez consideraron un despropósito la sentencia, pues aunque el PRD debe pagar, no es procedente la vía ordenada al IFE por una instancia judicial.

Los perredistas Rafael Hernández y Pablo Gómez cuestionaron la decisión, porque se trata de un asunto mercantil, aún no resuelto en definitiva, que no puede derivar en una orden judicial para que el IFE la acatara sin tener facultades para ello. Explicaron que la retención de prerrogativas sólo procede cuando se trata de multas impuestas por la autoridad electoral.