Ante la posibilidad de que se inicie un proceso de juicio político en contra del ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Juan Molinar Horcasitas, la Secretaría de Gobernación llamó a la serenidad a los legisladores para que eviten utilizar al Congreso de la Unión como terreno para la lucha política; mientras, la dirigencia nacional del PRD dijo que apoyará la iniciativa porque es una manera de ofrecer justicia a las víctimas del incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora.

A su vez, el constitucionalista Clemente Valdés aseguró que la Cámara de Diputados carece de elementos jurídicos para conseguir, mediante la aplicación de un juicio político, la destitución e inhabilitación de cualquier cargo público de Molinar Horcasitas, actualmente titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Tampoco existen elementos para iniciarle una declaratoria de procedencia en San Lázaro, porque no veo que pudiera haber alguna prueba que demostrara su responsabilidad penal en el delito de homicidio por la muerte de los 49 niños, sostuvo en entrevista con La Jornada el autor del libro El juicio político: la impunidad, los encubrimientos y otras formas de opresión.

El martes pasado, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó por unanimidad realizar una consulta técnica interna sobre un juicio político contra el titular de la SCT, para que haga frente a su presunta responsabilidad por la tragedia en la guardería ABC.

Sobre el tema, Roberto Gil, subsecretario de Gobierno de la SG y diputado del PAN con licencia, advirtió que el Congreso tiene la responsabilidad de ejercer sus atribuciones con cuidado y con serenidad. La Suprema Corte ya tomó una resolución y sobre este mismo caso hay mecanismos institucionales que siguen vigentes, causas abiertas y responsabilidades por asignar.

Por ello, como sociedad debemos confiar en esas instituciones para que se deslinden responsabilidades, y no generar todo un entorno de incertidumbre y de conflicto político en donde se tienen que construir acuerdos.

Dijo que en la Secretaría de Gobernación existe confianza en la sensatez, serenidad y responsabilidad de los legisladores; el juicio político está dispuesto en la Constitución para ejercer responsabilidad y generar bienes públicos. No es instrumento de lucha política.

En tanto, el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, deslindó la decisión de su partido de apoyar el juicio político contra Molinar de la disputa por los procesos electorales en curso. Son cosas que tienen contextos diferentes. La resolución de la Corte no fue justa; sí hay responsabilidad de autoridades superiores.

Para Clemente Valdés, la única posibilidad de que procediera el juicio político sería que hubiera una especie de arreglo político entre los partidos, en el que “se haya escogido a Molinar para que los diputados dijeran ‘no funcionaba el IMSS cuando el señor Molinar estuvo a cargo, tuvo algunas fallas, las cuales derivaron en la tragedia de la guardería ABC’. Pero si (los legisladores) proceden conforme lo establece la Constitución (artículo 109), no encontrarían base jurídica para que procediera el juicio”, afirmó.