Los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizaron ayer en sesión privada las solicitudes de amparo presentadas por los 12 atenquenses presos.

Trascendió que hay consenso de los cinco ministros en que 10 de los acusados queden en libertad absoluta, mientras sólo dos están en favor de conceder el amparo liso y llano a los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle y Felipe Álvarez Medina, recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Fuentes judiciales que confirmaron lo anterior señalaron que la moneda aún está en el aire, ya que si bien en la sesión privada los ministros definieron una postura sobre esos temas, lo cierto es que dejaron abierta la puerta para cambiar el criterio, una semana antes de que se realice la sesión pública (30 de junio) en que se prevé sean resueltos tales asuntos.

Mientras afuera del máximo tribunal del país se realizaba un mitin en apoyo a los presos de Atenco, en el que se exigió la libertad de los 12 detenidos –tres en el penal de máxima seguridad del Altiplano y nueve en el de Molino de Flores–, los ministros sostenían una reunión con una comisión de sus secretarios proyectistas para discutir los amparos.

Funcionarios judiciales explicaron que uno de los puntos centrales que impide la liberación de Ignacio del Valle y Felipe Álvarez Medina es que en el expediente de la causa se señala que en abril de 2005, cuando retuvieron a funcionarios del gobierno del estado de México –como medida de presión para ser escuchados en sus demandas y establecer una mesa de diálogo con la autoridad mexiquense–, los funcionarios retenidos fueron amarrados y les colocaron cohetones alrededor de su cuerpo, con la amenaza de que les prenderían fuego si no hacían caso a sus exigencias.

María Antonieta Trinidad Ramírez de del Valle, durante el mitin afuera de la Corte, donde anunció que su hija América pidió asilo al gobierno de VenezuelaFoto Jesús Villaseca

Esta versión, que consta en el expediente, fue retomada ayer por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien dijo que dicha acción es una agravante al delito de secuestro equiparado –que se imputa a los acusados–, porque puso en riesgo el bien jurídico tutelado al retener a los funcionarios y coaccionar a la autoridad para obligarla a hacer un acto determinado.

El tema fue colocado en la mesa y es uno de los factores centrales que llevaron a tres ministros a reservarse para el día de la sesión pública apoyar o no el amparo propuesto por los ministros ponentes.

En contraparte, los ministros Arturo Zaldívar y Juan N. Silva Meza consideraron que el delito de secuestro equiparado no se configura en el caso de ninguno de los acusados, independientemente de la violación al debido proceso y otras irregularidades que, desde su punto de vista, obligan a la SCJN a retomar los criterios establecidos en el caso Acteal, cuando liberaron a más de 20 indígenas que habían sido sentenciados como responsables de la matanza en esa comunidad.

Arturo Zaldívar elaboró los dictámenes para conceder el amparo liso y llano en favor de Héctor Galindo –asesor legal del FPDT y preso en el penal del Altiplano– e Ignacio del Valle.

Silva Meza presentó los amparos de Ignacio del Valle –por ataques a las vías de comunicación– y Felipe Álvarez Medina.

José de Jesús Gudiño Pelayo hizo lo propio con los amparos de Óscar Hernández Pacheco, Rodolfo Cuéllar Rivera, Julio César Espinoza Ramos, Juan Carlos Estrada Cruces, Édgar Eduardo Morales Reyes, Jorge Alberto Ordóñez Romero y Román Adán Ordóñez Romero.

Mientras, Olga Sánchez Cordero se ocupó del de Narciso Arellano Hernández y José Ramón Cossío presentó el de Alejandro Pilón Zacate.