Con un presupuesto alto, que en 25 años sumó alrededor de 200 mil millones de dólares, los programas sociales destinados a combatir la pobreza de la mitad de la población mexicana que vive en esa condición, de acuerdo con la medición oficial, aún tienen vacíos que favorecen su uso proselitista, de cara a las elecciones que habrá en 14 estados el próximo 4 de julio: falta de transparencia, evaluación, fiscalización y designación unilateral de operadores.

Ello sucede tanto con mecanismos estatales como federales, aunque estos últimos tienen mayor institucionalización, lo cual atenúa su uso electoral. En el caso de los programas sociales de los estados, pocos tienen reglas de operación, existe mayor dispersión, falta de rendición de cuentas y carecen de evaluaciones que permitan conocer su efectividad para reducir la miseria, señalan analistas.

Oportunidades, principal plan del gobierno federal, con un presupuesto de alrededor de 60 mil millones de pesos –40 por ciento más que en 2009–, en este sexenio es dirigido por panistas, ya que no sólo su coordinador nacional, Salvador Escobedo Zoletto, tiene esa filiación, sino también la mayoría de quienes están al frente de las direcciones estatales, indica el investigador Enrique Valencia. Además tiene vacíos que pueden favorecer su uso político.

Uno es que los vocales de los comités de promoción comunitaria de Oportunidades, que representan el vínculo entre las familias beneficiarias y el personal de los servicios de salud, educación y coordinación nacional, eran electos hasta 2008 en asamblea por las titulares beneficiarias del plan en las comunidades. Con el cambio en las reglas de operación, a partir del año pasado, son colocadas por la coordinación estatal, lo cual, para diversos expertos, se convirtió en una ventana para el uso electoral, no sólo para el gobierno federal, sino también para los estatales.

Este es el mecanismo más evaluado y de mayor alcance. Este año respaldará a 5.8 millones de familias –casi 30 millones de mexicanos– en 97 mil 871 localidades de 2 mil 445 municipios, y se le incluyó el de Apoyo Alimentario, que llegará a 262 mil familias de las comunidades más aisladas.

Hay otros planes federales de los que hasta 2009 se desconocían su impacto y resultados, ya que no cuentan con evaluaciones. Se trata de 3 por 1 para migrantes, Apoyo a zonas de atención prioritaria, 70 y más –destinado a 2.1 millones de adultos mayores– y Opciones productivas, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Aunque el gasto destinado a programas sociales ha ido en aumento y un ejemplo es que el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social en la última década creció en promedio 22.1 por ciento, la miseria creció. En 2008, 47.4 por ciento de mexicanos –50.6 millones de habitantes– vivían en pobreza patrimonial y 18.2 –19.5 millones– en alimentaria.

Sólo este año los subsidios federales suman 350 mil 202 millones de pesos, 2.7 por ciento del producto interno bruto. El 62 por ciento de esos fondos son transferencias directas, mientras el resto se destinan a actividades productivas, señala Jesús Alberto Cano, presidente del Colegio Nacional de Economistas. Los planes con mayor presupuesto después de Oportunidades son: Seguro Popular, con casi 40 mil millones; Procampo, 15 mil millones, y 70 y más, cerca de 13 mil millones.

En 25 años, se estima, se destinaron 200 mil millones de dólares a dichos mecanismos, a pesar de lo cual la pobreza en ese periodo no se redujo, coincide Genaro Aguilar, investigador del Instituto Politécnico Nacional.

Los programas en los estados

La falta de un concepto legal de lo que es un plan social lleva a que en los gobiernos estatales se refieran a éste como programa de subsidio, programa operativo o programa público, indica Héctor Nájera, del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos. Éste es sólo el principio de una serie de irregularidades que se encontraron en una revisión de dichos mecanismos en los portales de Internet de los gobiernos estatales.

Descubrió que hay listados de programas discrecionales, lo cual se convierte en espacio para el uso político-electoral de distintas acciones sociales que pueden quedar fuera de ellos, como despensas, vales para útiles y pintado de banquetas, entre otras. Por ello es casi imposible dar seguimiento a esos recursos públicos y crear candados de protección, agrega.

En los casos en que los mecanismos tienen reglas de operación, éstas no incluyen su vinculación con leyes de transparencia, egresos o participación, por lo cual es imposible detectar información específica, como padrón y presupuesto. Hay otros en los que los datos están desactualizados, se omite información relacionada con presupuesto, padrón, requisitos y cobertura, y no hay reglas de operación, lineamientos, evaluaciones ni fiscalización, detalla.

En las entidades más precarias, como Chiapas, Oaxaca y Veracruz, se ha encontrado que su capacidad institucional es menor. La combinación de esas dos cosas hace que los planes sociales sean más susceptibles de usarlos electoralmente, a diferencia de donde hay menos pobreza y más ocupación. Además, son estados que reciben más recursos del Ramo 33 y de Oportunidades.

La realidad de los programas locales en México, en el contexto de las elecciones locales 2010, revela la existencia de una peligrosa relación: planes sociales poco institucionalizados y uso proselitista de ellos y de los bienes públicos, resalta Nájera.