Los hermanos Germán y Genaro Larrea Mota, dueños de Grupo México, siguen utilizando todos los recursos legales a su alcance para evitar comparecer en calidad de testigos en el caso donde se acusa al líder Napoleón Gómez Urrutia de la disposición ilegal de 55 millones de dólares del sindicato minero.

Desde hace cuatro meses el sexto tribunal unitario penal ordenó a un juzgado de menor jerarquía que decretara el arresto de ambos hermanos para que se les obligue a presentarse al juzgado primero de distrito de procesos penales federales del Reclusorio Norte, donde se mantiene vigente una orden de aprehensión contra Gómez Urrutia.

Como el juzgado primero pasó de largo la orden del tribunal y nunca ordenó el arresto de los hermanos Larrea, los abogados del sindicato minero interpusieron una queja por incumplimiento de una orden judicial.

En respuesta, los dos empresarios tramitaron ante otro tribunal unitario penal una demanda de amparo contra la orden de arresto que está pendiente de ser ejecutada por el juzgado primero. Esta acción legal retrasará la ejecución de la orden de arresto que se emitió para que los Larrea fueran obligados a presentarse al Reclusorio Norte, a fin de que se realice la diligencia en que se debe tomar la declaración de ambos testigos.

Antes que el sexto tribunal unitario ordenara el arresto de los dueños de Grupo México, los hermanos Larrea Mota habían recibido ocho citatorios para que respondieran por su propia voluntad a los requerimientos judiciales.

Los Larrea rompieron un récord del Poder Judicial al convertirse en los individuos que han sido requeridos en más ocasiones como testigos de un caso y no han asistido a ningún llamado de la autoridad jurisdiccional.

La comparecencia de los dueños de Grupo México fue requerida por Juan Linares Montúfar, presidente del consejo general de vigilancia del sindicato minero, quien fue detenido por la Policía Federal en Michoacán el 3 de diciembre de 2008.

Linares Montúfar se encuentra preso en el Reclusorio Norte, procesado por el delito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito, derivado de la presunta disposición indebida de 55 millones de dólares por Gómez Urrutia.

A la fecha ninguna autoridad o advertencia ha logrado que los Larrea acudan a declarar al juzgado, pese a que son requeridos como testigos y no como acusados.