Al cumplirse 52 meses de la explosión en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, y 12 días del desalojo de los familiares de los trabajadores fallecidos, que afuera del socavón exigían el rescate de los cuerpos, deudos de las víctimas celebraron que a pesar de los intentos del gobierno, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no cerrara el caso, sino que, por el contrario, solicitara un informe sobre la seguridad en los yacimientos del país.

Resaltaron que la administración federal ha sido exhibida en la reunión de la OIT, pues las agrupaciones defensoras de los derechos de los trabajadores lograron desmentir lo reportado en Ginebra por el gobierno, con cifras que demuestran que las condiciones de seguridad e higiene en las minas de carbón no han mejorado desde el 19 de febrero de 2006, fecha a partir de la cual han fallecido otros 40 trabajadores por la inseguridad con que se labora en dichos espacios.

Al realizarse la misa mensual en memoria de los 65 mineros fallecidos el 19 de febrero de 2006, Trinidad Cantú, madre de Raúl Villasana, quien tenía 32 años; el abogado laboral Manuel Fuentes y el sacerdote jesuita Carlos Rodríguez lamentaron que Rafael Avante Suárez, director de inspección de la Secretaría del Trabajo, haya mentido en su exposición ante los expertos de la OIT, al reportar un sinnúmero de avances para garantizar la seguridad de los mineros, particularmente tras la expedición de la norma oficial 032, en 2008.

El sacerdote Rodríguez, quien ofició la misa –la cual fue considerada especial, tanto por el desalojo como por la conmemoración, hoy, del Día del Padre (la mayoría de los mineros que murieron tenían hijos)–, aseveró que a pesar al desalojo, los familiares no están derrotados, porque la lucha continúa a escala internacional (en la OIT), donde esperan que prevalezca la justicia, no la impunidad, como en México.

Acotó que el contubernio entre el gobierno de Coahuila y las secretarías de Economía, del Trabajo y Gobernación, lejos de desinflar la lucha, ésta se vuelve más vigorosa. Resaltó que la ocurrencia de nuevos decesos desmiente lo expresado por el gobierno en la reunión de la OIT.

Fuentes, quien acudió a la junta del organismo internacional, criticó la actitud de Avante, quien también intentó acallar las denuncias de los los sindicalistas sobre las precarias condiciones laborales en las minas.

Además de que pidió en la OIT el cierre del caso de Pasta de Conchos, al asegurar que se habían cumplido las recomendaciones hechas por el organismo en 2009, tras la queja interpuesta por los deudos, así como que se habían pagado las indemnizaciones, y que el porcentaje de muertes de mineros es de sólo 2.5 por cada 100 percances, tuvo un serio revés, porque derivado de lo expuesto por nosotros, la OIT pidió que en noviembre se presente un informe de avances sobre medidas de protección en centros mineros formales e informales.

Indicaron que aunque el gobierno escondió cifras reales al organismo internacional, lo cierto es que la mortalidad de mineros por accidentes aumentó 200 por ciento durante 2009 en la región de Coahuila; además de que 60 por ciento de quienes laboran en dicho sector no tiene ninguna protección social y no figuran en las estadísticas oficiales, al no contar con contrato, por lo que las autoridades no presentan actas de defunción y no se realizan inspecciones en las zonas mineras para verificar las condiciones de seguridad.