El pasivo contingente de los sistemas de pensiones en 29 entidades del país asciende en conjunto a un billón 500 mil millones de pesos, advierte la Asociación Nacional de Instituciones Estatales de Seguridad Social (ANIESS).

En el documento Propuesta para la distribución del Fondo de Apoyo para la Restructura de Pensiones (FARP) la asociación considera dañino para el pago de éstas el cambio en las condiciones demográficas, económicas y sociales de las últimas décadas, porque provocan desequilibrio en los sistemas pensionarios y una desviación del motivo que les dio origen, al otorgárselas a personas que aún no las necesitan.

La conclusión a la que se llega es que en distintos sistemas existen personas que adquieren el derecho a la jubilación desde los 42 años, lo que implica que el periodo de pago de la pensión supere los 20 años en promedio.

Frente a tal circunstancia la ANIESS plantea que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aplique los recursos que se encuentran en el FARP. El monto del fondo es de 63 mil 700 millones de pesos, de los cuales 35 por ciento –22 mil 900 millones– provienen de los excedentes petroleros que corresponderían a los estados a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).

Los criterios de la asociación, que fueron entregados en la Cámara de Diputados a la Comisión de Seguridad Social, consideran la urgencia de tener acceso inmediato a los recursos acumulados en el FARP, ya que éstos por naturaleza le pertenecen a los estados; de igual manera se propone como medida inmediata que la distribución se dé en función al coeficiente utilizado para la distribución de las participaciones federales de los estados.

Así, los recursos tendrán que ser ingresados directamente a los institutos o fideicomisos que administren los sistemas de pensiones de los estados o a la secretaría de finanzas correspondiente: acreditarlos ante la SHCP o el ente que se designe; haber realizado alguna reforma al sistema de pensiones de la cantidad estado, o bien presentar carta compromiso para que en cierto plazo se someta a consideración de la legislatura local.

Las reformas hechas o por realizar deberán tener como meta el disminuir el monto del pasivo actuarial e incrementar el periodo de suficiencia, y de ser posible establecer mecanismos que permitan la portabilidad de beneficios.