Cuernavaca, Mor., 17 de junio. El gobierno de Morelos tiene la obligación de indemnizar a los familiares de las víctimas de operativos militares, federal o estatales, por una adición que el Congreso local hizo al artículo 114 bis de la Ley del Sistema de Seguridad Pública estatal.

El presidente de la mesa directiva del Congreso de Morelos, Othón Sánchez Vela, explicó que la modificación se propuso tras los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y el crimen organizado en la entidad durante 2009.

Entre esos hechos violentos destacaron los ocurridos durante diciembre en el fraccionamiento Los Limoneros, municipio de Ocotepec, y en el conjunto residencial Altitude, en Cuernavaca. En este último se dio muerte al narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, pero también perecieron dos civiles, cuyos deudos no recibieron apoyo inmediato del gobierno estatal ni del federal.

La reforma a Ley de Seguridad Pública estipula que cuando las acciones de los cuerpos de seguridad pública o las fuerzas armadas resulten en daño a las personas o sus bienes, el Ejecutivo deberá resarcirlo, dijo Othón Sánchez en entrevista.

La modificación, publicada el 16 de junio en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, fue aprobada por unanimidad en febrero a partir de una iniciativa presentada por Sánchez Vela, coordinador de la fracción del Partido Nueva Alianza, con apoyo de diputados del PAN.

Si bien las fuerzas federales no dependen de autoridades estatales, se acota en el Periódico Oficial, el gobierno de Morelos siempre debe estar dispuesto a apoyar a todo ser humano en situaciones de necesidad y urgencia.

La reforma prevé que cuando de las acciones realizadas dentro de la entidad, derivadas del ejercicio de los cuerpos de seguridad pública o de las fuerzas armadas federales, cuya finalidad haya sido preservar la seguridad pública, por las cuales se cause daño o perjuicio a las personas o sus bienes, el titular del Poder Ejecutivo del estado adoptará de inmediato las providencias necesarias que permitan salvaguardar la vida y la integridad personal de los afectados, así como resarcir en la medida presupuestal autorizada el daño causado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado, de las que deberá informar al Congreso de la entidad, al rendir la cuenta pública correspondiente.