l presentar los resultados de una investigación realizada en torno al fallecimiento de Bryan y Martín Almanza Salazar –de cinco y nueve años–, ocurrida hace mas de dos meses en Ciudad Mier, Tamaulipas, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, indicó que los menores no murieron en un fuego cruzado con miembros de la delincuencia organizada, como aseguraron la Secretaría de Defensa y Gobernación, sino como resultado del fuego directo y discrecional por parte de elementos del Ejército Mexicano. A renglón seguido, el ombudsman nacional señaló que, de acuerdo con los elementos recabados por el organismo que encabeza, se pudo determinar que los militares involucrados alteraron el lugar de los hechos para justificar una legítima defensa, lo que es inadmisible, y a ello sumó otras agravantes: omisión, dilación, uso arbitrario de la fuerza, obstrucción a la justicia por parte de Sedena y PGR, indebida integración de averiguaciones previas y otras.

La contundencia de los señalamientos en el informe presentado por la CNDH plantea una perspectiva catastrófica para la credibilidad de las instituciones del país y tendría que cimbrar a las dependencias federales y estatales que avalaron la versión que, a decir del propio Plascencia, no tiene sustento ni apego a las evidencias, y dar paso a un profundo e inmediato proceso de rectificación por los poderes públicos involucrados en la tragedia.

A la brutalidad intrínseca de la agresión en la que perdieron la vida los menores Almanza Salazar el pasado 3 de abril se sobrepone una tendencia inaceptable de las autoridades a tergiversar los hechos, desvirtuar versiones distintas de la oficial y dificultar, con ello, el pleno esclarecimiento de los episodios de violencia en los que se han visto involucrados efectivos de las fuerzas armadas: no otra cosa es el empeño oficial por presentar las muertes comentadas como resultado del ataque de un grupo delictivo sin aportar elementos sólidos que desvirtúen los testimonios de los familiares de las víctimas, como hizo José Luis Chávez García, titular de la Procuraduría General de Justicia Militar, con el respaldo del titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

Peor aún resultaría si, frente a las conclusiones de las pesquisas de la CNDH, el gobierno federal se empeñara en preservar la impunidad para los responsables de estos hechos. No puede obviarse que los señalamientos del ombudsman nacional coinciden con un reforzamiento de los intentos mediáticos del gobierno federal por ensalzar el combate a la delincuencia organizada y revertir los efectos que el descontrol delictivo tiene en la imagen del país en el extranjero: resulta difícil imaginar una forma más eficaz de deteriorar la imagen de una nación –por no hablar de socavar la legalidad y el estado de derecho– que sellar ante la opinión pública nacional e internacional la impresión de que su gobierno procura impunidad a los servidores públicos –policías o soldados– responsables por bajas de civiles inocentes.

En suma, ante el incremento desenfrenado de la violencia en el territorio nacional –la practicada por las organizaciones delictivas y la ejercida por elementos de las fuerzas públicas–, y de la confusión y la zozobra sociales, el gobierno hace un flaco favor a su propia credibilidad con alegatos autoexculpatorios tan insostenibles como los desmentidos ayer por la CNDH: con ello se asienta la impunidad, se profundiza el desprestigio de las instituciones –empezando por las castrenses–, se niega la justicia a los inocentes caídos en el contexto de una guerra cada vez más confusa y cruenta, y se pone seriamente en entredicho el compromiso de las autoridades con el restablecimiento de la legalidad y el estado de derecho.