Moscú, 15 de junio. Miles de personas –en su mayoría mujeres y niños de origen uzbeko, casi sin comestibles ni agua ni techo– continúan hacinadas junto a los puestos fronterizos del sur de Kirguistán en espera de que Uzbekistán reabra la frontera, mientras los 83 mil refugiados que hasta ayer lograron huir de los pogromos interétnicos requieren con urgencia la ayuda humanitaria de la comunidad internacional.

Alimentos, agua potable, tiendas de campaña, mantas, medicamentos y otros artículos de primera necesidad comienzan a llegar a Uzbekistán –tan sólo la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, informó su portavoz, Andrej Mahecic, enviará 240 toneladas de material humanitario en seis vuelos desde Dubai, donde tiene sus almacenes centrales para emergencias–, al tiempo que la Comisión Europea, Rusia, Estados Unidos, China y otros países ofrecieron asistencia financiera, así como la entrega inmediata de ayuda humanitaria y médica a Kirguistán.

Aunque el gobierno provisional kirguiso aseguró hoy que el ejército tomó bajo su control las regiones de Osh y Dzhalal-Abad –ya pasó lo peor, en palabras de Almazbek Atambayev, vicepremier–, muchos se niegan a regresar a sus casas por temor a que se repitan los disturbios y choques que, a partir de la noche del viernes anterior, sembraron de horror y caos esta parte de Asia central.

Los líderes locales de las comunidades kirguisa y uzbeka de esas regiones pactaron hoy un virtual alto el fuego –aún se producen enfrentamientos y tiroteos aislados– y expresan voluntad de deponer las armas, pero va a tener que pasar muchísimo tiempo hasta que se pueda hablar de una auténtica reconciliación entre estos grupos étnicos.

La información oficial sigue sin reflejar el número real de víctimas mortales y heridos –178 y mil 866, respectivamente– porque sólo incluye los cadáveres que se llevaron a alguna morgue y las personas que requirieron asistencia médica, de las cuales 836 siguen hospitalizadas.

A la vez, de acuerdo con la tradición musulmana, las familias entierran a sus difuntos inmediatamente, sin que nadie lleve un registro preciso. Por eso, son creíbles los múltiples testigos que dicen haber visto, en los últimos días, cientos de cuerpos sin vida en las afueras de las mezquitas y calles de las localidades más castigadas por la violencia interétnica.

De la magnitud de la matanza de civiles da idea el hecho de que, aparte de los 83 mil refugiados que huyeron a Uzbekistán, otros 200 mil se consideran desplazados internos, que se vieron obligados a abandonar sus hogares.

El gobierno provisional kirguiso, por boca del vicepremier Atambayev, responsabilizó al entorno del depuesto presidente Kurmanbek Bakiyev de haber organizado y financiado los ataques indiscriminados de mercenarios en localidades kirguisas y uzbekas que, al generar una inevitable reacción de venganza, desataron los enfrentamientos interétnicos en el sur de Kirguistán.

Según Atambayev, con el asesinato masivo de civiles los seguidores de Bakiyev pretenden impedir que el próximo día 27 se celebre el referendo constitucional que busca legitimar al gobierno provisional y que cerraría definitivamente las puertas de su hipotético retorno a la presidencia.

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, tras obtener testimonios de primera mano, incluido personal de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en las ciudades de Osh y Dzhalal-Abad, ofreció una evaluación coincidente con la versión de las autoridades interinas kirguisas.

Tenemos fuertes indicios que este suceso no fue un enfrentamiento espontáneo entre etnias, sino que hasta cierto punto fue orquestado, dirigido y bien planeado, aseveró Rupert Colville, portavoz de dicha oficina de la ONU. Agregó que esa dependencia no está en posición en este momento de hacer ninguna acusación directa contra ninguna persona en particular ni contra algún grupo.

El gobierno provisional de Kirguistán va a solicitar a Gran Bretaña la extradición de Maksim Bakiyev, hijo del derrocado presidente Kurmanbek Bakiyev, a quien considera uno de los principales instigadores de los pogromos.

En cumplimiento de una orden de Interpol, Maksim Bakiyev fue detenido el lunes en el aeropuerto Farnborough, en el área de Londres, apenas aterrizó su vuelo privado. También pidió la extradición de Kurmanbek Bakiyev, pero el gobierno de Bielorrusia, donde se refugió el depuesto presidente, denegó hoy dicha solicitud.

La protección que brinda Bielorrusia a Bakiyev dificulta una eventual intervención militar de Rusia y sus aliados en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que por ahora no está en el orden del día, pero podría volverse asunto prioritario si se deteriora la situación en Kirguistán.

Todo indica que el Moscú empezó a jugar sus cartas de presión a Minsk. No parece fortuito que esta tarde el Kremlin haya dado a Bielorrusia un plazo de cinco días para que pague su deuda por el gas ruso que recibe, bajo amenaza implícita de cerrar la llave.