La población de San Pedro Atocpan, en Milpa Alta, se encuentra en estado de alerta, luego que la Procuraduría General de la República (PGR) comenzó a enviar citatorios a varios habitantes de esa localidad y al mismo delegado político, Francisco García Flores, y al coordinador territorial de esa zona, Vicente Castro, para que declaren en torno a los hechos ocurridos el pasado 22 de febrero en que hubo un intento de linchamiento contra tres elementos de la Policía Federal (PF).

Así lo aseguraron en conferencia de prensa Alejandro Sánchez Camacho, vocero de la bancada del PRD en la Asamblea Legislativa y diputado por la citada demarcación, y Enrique Olivos, abogado de los jóvenes Luz María Flores e Isaac Olivos, quienes aquel día fueron detenidos por los agentes de la PF, bajo la supuesta acusación de ser parte de los secuestradores.

Hace dos o tres semanas la PGR comenzó a enviar citatorios a varios miembros de la comunidad de San Pedro Atocpan para que declaren en torno a ese caso, lo que comenzó a generar inquietud, preocupación, temor, entre la gente de ese lugar, pues temen que vayan a empezar las detenciones. Ya sabemos cómo se las gasta la PGR, de que espera a que la gente baje la guardia y luego viene el ramalazo legal, expresó el perredista.

Frente a esa situación, dijo que pedirán a los diputados federales de su partido que se haga un exhorto al titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, para que no caiga en la tentación de actuar irresponsablemente y genere con ello la respuesta de inconformidad de los pobladores.

Agregó que también desde la tribuna de la ALDF se le pedirá a ese funcionario que cualquier investigación que se realice en torno a aquel asunto sea con apego a derecho y se elimine la intención de querer elaborar expedientes que acusen sin sustento a los pobladores de la comunidad, considerando, ademas, que la mejor vía para cerrar el caso sería el desistimiento de la PGR.

Precisó que no se trata de solapar a nadie, sino que la justicia se aplique de manera responsable, pues los que provocaron la movilización de la comunidad fueron los elementos de la Policía Federal, quienes de manera arbitraria, sin orden judicial y sin que hubiera justificación alguna, intentaron detener y privar de su libertad ilegalmente a la joven pareja.