La contratación de servicios privados para la prestación del servicio de guarderías en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) forma parte de una tendencia a la privatización, mediante el desmantelamiento de las capacidades y las instituciones del Estado mexicano, aseguró el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos.

La organización no gubernamental (ONG), que forma parte de Incide Social, resaltó que con el incendio de la guardería ABC, hace un año en Hermosillo, Sonora, se puso en evidencia que los argumentos para justificar los contratos con particulares, sobre reducción de costos y una supuesta eficiencia, carecen de sustento.

En un análisis del dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, el cual será discutido por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de este lunes, el observatorio señaló que, de acuerdo con la Ley del Seguro Social, no existe la posibilidad legal de que terceros ajenos al IMSS puedan prestar el servicio de guarderías.

La subrogación sólo está permitida para los patrones inscritos en el Seguro Social y está acotada a que las estancias radiquen en las mismas empresas o establecimientos. Además, las empresas interesadas en ofrecer a sus trabajadores este beneficio deben cumplir una serie de requisitos, indica el dictamen de Zaldívar.

El documento puntualiza que sólo 11 guarderías reúnen las condiciones legales de la subrogación, mientras que mil 480 operan conforme a un contrato de prestación de servicios, entre ellas la ABC.

También destaca las diferencias entre la concesión del servicio y la subrogación. En el primer caso, se trata de una prestación de larga duración y para el particular la inversión implica un riesgo. Además la remuneración corre a cargo del Estado.

Así, lo que se denominó en el IMSS contratos de subrogación de servicios, en realidad fueron contratos de prestación de servicios. Con base en esos documentos los particulares cumplieron la obligación del Estado, sin que en ningún momento tal deber fuera originariamente de aquellos, apunta el informe.

Entrega a familiares de políticos

Con estos datos, el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos planteó que, a pesar de las limitaciones que señala la ley, el IMSS recurrió a la contratación de servicios privados por las presiones económicas que enfrenta y con el respaldo del Consejo Técnico, que validó interpretaciones distintas de las normas.

Se trata, indicó, de la privatización de la obligación del Estado en materia de prestación de servicios públicos sociales y forma parte de una tendencia al desmantelamiento de las capacidades y las instituciones del Estado mexicano, en perjuicio de la población.

Para el Observatorio, lo que ha ocurrido en el Seguro Social es el ofrecimiento de opciones para la realización de negocios privados que, con frecuencia, son concedidos a familiares de los funcionarios vinculados a la prestación de esos servicios o de políticos locales, como ocurrió en el caso de la guardería ABC.

En el informe del ministro Zaldívar también se exhibe una serie de irregularidades en los contratos con particulares. Entre otras, que sólo 14 de las mil 480 estancias cumplen de manera satisfactoria con la normatividad. El 52 por ciento carece de la licencia municipal vigente; la mitad no cuenta con la constancia de protección civil y sólo 407 tienen el visto bueno del cuerpo de bomberos.

Significa que el caso de la ABC no es particular, sino un reflejo de lo que de manera generalizada ocurre con el resto de las guarderías que operan por contratos de prestación de servicios, apuntó la organización civil.

Por tanto, indicó, aunque fuera cierto que los servicios particulares son la mejor opción en función de los costos, es incomprensible que una obligación del Estado reconocida en todas las leyes examinadas por el ministro Zaldívar, sea atendida por terceros.