Saltillo, Coah., 12 de junio. Deudos de los mineros que murieron en Pasta de Conchos reclamaron al gobierno de Coahuila que compruebe que la intervención policiaca para desalojarlos de la mina y sellarla obedeció a órdenes federales y tiene sustento legal.

La abogada María Teresa Contreras Rodríguez, quien perdió a su esposo en la tragedia del 19 de febrero de 2006, exigió al gobernador Humberto Moreira que presente el oficio donde la Secretaría de Economía ordenó la clausura definitiva de la mina.

Recordó que el mandatario dijo que la policía intervino para sacar a deudos y activistas que exigen el rescate de los cuerpos para que trabajadores de Industrial Minera México iniciaran el sellamiento dispuesto por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía.

La abogada dijo que Moreira afirmó que si negaba el apoyo policiaco su gobierno podía ser acusado de desacato, por lo cual exige al gobenador que presente los documentos de esa orden.

Raúl Vera López, obispo de Saltillo, afirmó que el resguardo policiaco de la unidad 8 de la mina es ilegal y lamentó que el gobierno estatal permita que Grupo México limpie sus crímenes, porque lo que están haciendo no sólo es sellar la mina, sino limpiar toda evidencia de los restos, porque los restos hablan.

En la ciudad de México, integrantes de la Organización Familia Pasta de Conchos permanecerán en el campamento del SME en apoyo a ambos movimientos.