a primera vez que leí esta bárbara expresión, aplicada ignominiosamente a las víctimas civiles de un conflicto bélico, fue en el libro Globalización, caos y sujeto en América Latina. El impacto de las estrategias neoliberales y las alternativas (DEI, Costa Rica, 2001). En su capítulo II, titulado Globalización y liberación de los derechos humanos (pp. 127-152), el filósofo colombiano Germán Gutiérrez reprocha al filósofo alemán Jürgen Habermas su ingenuidad por justificar con la bandera de los derechos humanos la guerra de Kosovo, declarada por los gobiernos de Estados Unidos y Europa y llevada a cabo por las fuerzas de la OTAN. Le echa en cara además su falta de sentido crítico por lamentar no tanto los daños colaterales que produjeron aquellas acciones armadas, supuestamente emprendidas con precisión quirúrgica (otro neologismo correlativo con el anterior), en la infraestructura y en la población serbia y kosovar, sino su fracaso en la construcción de una nueva ciudadanía universal, impuesta por fuera de cualquier institucionalidad formal, realmente internacional.

Volví a escuchar aquí en México tan irrespetuosa expresión, ahora referida a las víctimas civiles de la batalla contra el crimen organizado declarada por el gobierno federal, pero para nuestra desgracia en labios del mismo secretario de la Defensa Nacional. Y hay por ello que saludar el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el pasado 11 de mayo, en el que solicita al titular del Ejecutivo que instruya a la Secretaría de Gobernación a llevar y difundir un registro exacto y regular de civiles muertos en la lucha contra el narcotráfico, indicando –respecto a la comisión de delitos– edad, sexo y situación legal.

El próximo 17 de junio se presentará también ante el comité de expertos del protocolo facultativo de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño en Ginebra, un informe alternativo de la Red de la Infancia en México (Redim), que en su capítulo tercero incluye por primera vez una oportuna descripción de la forma peculiar de conflicto armado que constituye la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico en México, y ha causado la muerte de miles de civiles, muchos de ellos niños y niñas, en enfrentamientos entre el Ejército y la delincuencia organizada, y entre grupos delictivos.

No obstante la opacidad y el secretismo que sobre todo ahora y en estas materias caracteriza a las instituciones públicas de México, la Redim, con base en un reporte entregado por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión, recuerda que desde finales de 2006 el número de víctimas se ha incrementado significativamente, llegando a más de 22 mil muertos, de los cuales 92 por ciento fueron ejecutados. Afirma además que el año más violento ha sido 2009, con 8 mil 928 muertos; y en lo que se refiere a la infancia precisa que 823 niños y niñas han perdido la vida de diciembre de 2006 a diciembre de 2009 en la lucha contra la delincuencia organizada.

Cabe añadir que en las últimas semanas el número de casos se ha incrementado (81 de enero a la fecha), por lo que se considera que debe haber ya 100 casos en lo que va del año. Para subrayar la importancia de estas cifras, dice también la Redim, es suficiente comparar los 503 niños y niñas muertos desde 2000 hasta 2006 con los más de 900 en los últimos tres años y medio. Por lo que se refiere a la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, la Redim afirma que desde 1997 hasta 2007 la tasa había venido bajando sistemáticamente, al pasar de 17 en 1997 a 10 en 2007; pero que en 2008, justo un año después del inicio de la lucha frontal contra el narcotráfico, el número de homicidios volvió a subir a 12 (11.8), “lo que de nuevo coloca a México sobre el umbral de 10 sobre 100 mil habitantes, que la Organización Mundial de la Salud considera ‘epidémico’”.

Hay además algunas entidades federativas que padecen tasas muy elevadas, como es el caso de Sinaloa (43.7), Chihuahua (42.1), Guerrero (30.2), Durango (27.8) y 10 estados más que tienen tasas hasta cuatro veces más altas que la media nacional. En Ciudad Juárez se registraron 191 homicidios por cada 100 mil habitantes, confirmando con ello el triste récord de la ciudad más violenta del mundo. Finalmente, por lo que se refiere a las defunciones por homicidios de menores de 17 años, las tasas registradas por la Redim son por supuesto más bajas que la media nacional, que toma en cuenta a toda la población. Sin embargo en los estados donde la tasa de homicidios dolosos aumentó, también aumentó la tasa de homicidios de adolescentes entre los 15 y 17 años por cada 100 mil habitantes. En un solo año, por ejemplo, de 2007 a 2008, subió en Baja California de 8.33 hasta 24.3 (un 291.7 por ciento), y en Chihuahua de 12.6 a 45.95 (un 364 por ciento). Aún más impresionante es el caso de Sinaloa, que pasó de 3.13 hasta 17.01, alcanzando con ello un incremento de 543 por ciento.

Por todo ello la Redim recomienda entre otras cosas que no se criminalice a la adolescencia y a la juventud, para que estos delitos contra ellos no queden en la impunidad, sino que por el contrario se prevenga su involucramiento en acciones delictivas, mediante el establecimiento de oportunidades sociales de las que ahora carecen. Pide también la elaboración de un sistema de información sobre menores de 18 años víctimas o autores de delitos relacionados con la delincuencia organizada, con datos desglosados por sexo, edad, estado y municipio.