ientras el gobierno de Calderón apela a principios bioéticos, que por supuesto no practica, para descalificar la huelga de hambre del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), desde la azotea de Palacio Nacional sus esbirros, ocultos en la noche, arrojan canicas bombochas a las carpas donde duermen las y los heroicos y dignos huelguistas. Durante el día sus agentes disfrazados de civiles acosan a las brigadas de electricistas que volantean en la ciudad de México y otros estados. Después, de manera civilizada, a través de la Subsecretaría de Gobernación, simula un diálogo ofreciendo lo mismo que viene repitiendo desde hace casi ocho meses: primero liquídate y después vemos. Por su parte la prensa vendida, y la radio y televisión en manos de la oligarquía, mantienen un riguroso círculo de silencio en torno a una huelga que ha trascendido ya a nivel internacional. En tanto, en los oscuros sótanos del Palacio de Cobián, el llamado Centro de Atención y Reacción Inmediata (CARI) contra los sabotajes eléctricos trata de levantar su campaña para criminalizar la lucha del SME.

Los 47 días de huelga de hambre masiva, así como el intenso brigadeo y la solidaridad de cientos de organizaciones y personalidades públicas, han logrado romper el cerco informativo y los hechos sucedidos en las últimas semanas han alterado los planes represivos del gobierno de Calderón para destruir al SME. Por ello con saña y rencor mandó a la Policía Federal a golpear a los electricistas de Cuernavaca, buscando crear un enfrentamiento que brinde la salida represiva, tal y como sucedió en Atenco. Pero el SME no cae en la provocación.

Hoy crece la certeza, en la opinión popular, de que los disturbios, apagones, fallas, cortes y explosiones eléctricas, cada vez más recurrentes en el Distrito Federal y estados circunvecinos, obedecen a la falta de mantenimiento que dejó de realizarse desde el golpe fascista del 10 de octubre en plantas, subestaciones, líneas y bóvedas subterráneas, pero también a la incapacidad técnica y operativa de las empresas contratistas, propiedad de altos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aunque Calderón lo oculta de manera deliberada, la opinión pública sabe hoy que existen 22 zonas críticas en Puebla, el estado de México, Hidalgo, Morelos y el Distrito Federal. La denuncia la hizo el SME desde hace varios años, demandando una mayor inversión productiva en la construcción de plantas de generación y en la modernización de líneas y subestaciones dentro de la zona atendida por Luz y Fuerza del Centro (LFC). Pero los gobiernos neoliberales hicieron caso omiso de la advertencia, empecinados en preparar las condiciones para la privatización de la industria eléctrica en México.

En breve, el actual director del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) comparecerá en la Cámara de Diputados, para rendir cuentas del saqueo y la rapiña del patrimonio de LFC desde que sus instalaciones y centros de trabajo se convirtieron en cuarteles policiacos y militares. En diciembre de 2008 el patrimonio de la empresa ascendía a 132 mil 248 millones de pesos, de los cuales 14 mil 956 millones eran cuentas y documentos por cobrar; 21 mil 13 millones correspondían a materiales almacenados; el activo fijo (plantas, subestaciones, líneas de transmisión, redes de distribución y otros) ascendió a 80 mil 806 millones de pesos, y las obras en proceso representaban 98 mil 693 millones de pesos. En los primeros minutos del 11 de octubre el patrimonio de LFC fue puesto a disposición de CFE en su carácter de patrón sustituto y desde esa fecha todos los bienes, materiales, equipo, vehículos, herramientas, etcétera, incluidas las pertenencias personales de miles de trabajadores, fueron tomadas como botín de guerra por las fuerzas del gobierno y CFE y sus empresas contratistas.

Si la investigación es llevada a fondo por la Cámara de Diputados, la verdad terminará de salir a flote y van a rodar cabezas del más alto nivel, y esto es lo que tiene en la desesperación al gobierno de Calderón, que sigue apostando por una salida represiva y violenta: levantando a la fuerza la huelga de hambre y apresando a la dirección del SME encabezada por Martín Esparza Flores. El desalojo violento e ilegal que sufrieron los huelguistas de Cananea, Sonora, y de manera sincronizada a las 2 de la mañana, la toma policiaca de la mina 8 de Pasta de Conchos, que acompañó a funcionarios del Grupo México a recuperarla, valiéndoles un comino la suspensión provisional ordenada por la Secretaria de Economía, pero con el beneplácito de la Secretaría de Gobernación, confirma que la maquinaria represiva del gobierno de Calderón está en marcha.

La respuesta de las fuerzas democráticas y progresistas a la violencia del régimen calderonista, debe ser rápida y contundente. ¡Fuera la Policía Federal de Cananea! ¡Instalación de una mesa de diálogo y negociación que garantice los derechos obreros brutalmente vulnerados por la ultraderecha de Calderón! ¡Retiro inmediato de la policía estatal de la mina 8 de Pasta de Conchos e inicio ya del rescate de los restos mortales de los mineros que perdieron la vida en el homicidio industrial cometido por el Grupo México! ¡Resolución inmediata de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al justo amparo promovido por el SME! ¡Abajo el inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y reinstalación inmediata de los trabajadores electricistas injustamente despedidos!