Legisladores de todas las fuerzas políticas exigieron que el gobierno de Felipe Calderón asuma una postura firme y enérgica frente a Estados Unidos y demande la detención con fines de extradición del agente migratorio que asesinó de un balazo al adolescente Sergio Adrián Hernández en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el fin de que se le juzgue de acuerdo con las leyes mexicanas.

En señal de luto por los asesinatos de dicho menor y de Anastasio Hernández Rojas –quien falleció después de que elementos de la Patrulla Fronteriza lo golpearon y le aplicaron choques eléctricos–, los legisladores integrantes de la delegación nacional a la 49 Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos –que se inicia hoy en Campeche– portarán un moño negro en la solapa.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Gustavo Madero, afirmó que es un acuerdo para expresar la indignación y el duelo del Congreso mexicano y la demanda de justicia a la delegación de Estados Unidos, que encabeza el senador demócrata Christopher Dodd.

El senador perredista Tomás Torres envió una carta al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, en la cual plantea que se demande a Estados Unidos que el homicida (del menor) sea puesto disposición de las autoridades mexicanas para el enjuiciamiento que corresponde.

No se debe olvidar que en los últimos años se han concedido sin demora las solicitudes de extradición de delincuentes y fugitivos ya sentenciados que Estados Unidos demandó, agrega.

Subraya que el gobierno y el Congreso deben fajarse. Añade que el agente que disparó al menor está perfectamente identificado, pero falta que la PGR actúe.

El panista Luis Alberto Villarreal, presidente la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, del Senado, resaltó que si el homicida hubiera sido un mexicano y los hechos se hubieran dado en Texas, sería condenado a la pena de muerte.

Ramón Galindo (PAN), ex presidente municipal de Ciudad Juárez, dijo que en esa localidad el ambiente es de luto, molestia e indignación por la muerte del menor, ya que lo doloroso del caso viene a sumarse a las agresiones y bofetadas que hemos estado recibiendo de Estados Unidos.

El senador priísta Carlos Jiménez Macías advirtió que es preocupante que el gobierno de Calderón no asuma una postura drástica frente a Estados Unidos y siga con una política de cortesía diplomática que tanto cuidan.

En la Cámara de Diputados, Joann Novoa, presidenta de la Comisión Especial para la Niñez, recordó que el número de agresiones a mexicanos en la frontera se ha elevado de manera considerable.

El priísta Ricardo López Pescador apuntó: es necesario que se apliquen las medidas preventivas para evitar que los policías estadunidenses se sustraigan de la justicia. El endurecimiento de la seguridad en la frontera y las leyes antimigrantes evidencian el doble discurso de Washington en su relación con México.

La Coparmex instó al gobierno a que represente con dignidad los intereses del país y se asegure de que no haya impunidad para los culpables.