Es un error la pretensión de dejar únicamente a los padres de familia la responsabilidad de cómo se alimentan sus hijos. También es obligación del Estado la regulación sobre los productos que se comercializan en el país y su disponibilidad en sitios como las escuelas. Forma parte del derecho a la protección de la salud, aseguró Mauricio Hernández Ávila, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la dependencia del ramo.

Por eso es necesaria la intervención de autoridades en la regulación de los productos que estarán disponibles en los planteles de educación básica a partir del próximo ciclo escolar. Esto incluye los refrescos y, en general, las bebidas que contienen azúcares añadidos.

Planteó que aunque las dos principales compañías refresqueras han expresado su compromiso a escala mundial para sacar sus productos de las escuelas en los dos o tres años siguientes, en el caso de México dejarán de estar disponibles a partir de agosto próximo.

En conferencia de prensa, donde se presentó el primer volumen de Cuadernos de derecho y ciencia, editados por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el laboratorio farmacéutico Pfizer, el funcionario comentó que en el tema del sobrepeso y la obesidad, a la Secretaría de Salud (Ssa) le corresponde buscar el equilibrio entre lo que consume la población, y específicamente los niños en una primera etapa, y los contenidos de los alimentos procesados.

Garantizar el derecho a la protección de la salud involucra, enfatizó, mejorar la calidad de los alimentos en las escuelas y avanzar en la meta de revertir el exceso de peso que afecta a 30 por ciento de los niños, sobre todo si se toma en cuenta que ningún infante elegirá su comida pensando en evitar riesgos para su salud durante su edad adulta. Eso corresponde hacerlo a los padres de familia y al Estado.

En otro tema, el funcionario comentó sobre los anuncios hechos en Europa respecto a la presunta vinculación entre algunos consultores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con laboratorios farmacéuticos, lo que pudo haber incidido en la forma como el organismo manejó la emergencia por la influenza A/H1N1 en 2009.

Hernández Ávila descartó que México haya sido víctima o copartícipe de algún acuerdo y las empresas. El fenómeno de la epidemia es incuestionable y lo certifican la cantidad de enfermos y muertos a causa de la enfermedad. Fue un problema epidemiológico y se actuó de manera adecuada con base en la información disponible, sobre todo en los primeros momentos de la emergencia.

Si hay que hacer alguna crítica, dijo, sería por las dificultades que enfrentaron la mayoría de los países para acceder a las vacunas, las cuales se concentraron en las naciones donde se ubican las plantas productoras de los biológicos.