Padres de familia de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que integran el Movimiento 5 de Junio, manifestaron ayer que el peritaje difundido hace unos días, en el que se señala que el incendio fue provocado, es una cortina de humo promovida por el gobierno federal que busca que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, y el ex director del IMSS y actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas, evadan su responsabilidad.

José García y Manuel Rodríguez, en conferencia de prensa efectuada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, destacaron que con ese peritaje buscan desviar la atención y disminuir las responsabilidades del Estado sobre las irregularidades en las guarderías, la falta de supervisión y el otorgamiento de concesiones de manera discrecional.

Expusieron: nosotros no decimos que ellos sean los que provocaron el incendio. Tampoco lo señala el informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ni el proyecto de resolución del ministro Arturo Zaldívar. A esos funcionarios se les acusa de entregar concesiones sin supervisar si cumplían con los requisitos de no haber supervisado las guarderías. Si el incendio fue provocado o no, en nada cambiaría la responsabilidad de los funcionarios.

Los padres de familia fueron cuestionados con relación a que los legisladores solicitaron a la SCJN que considere ese peritaje en su análisis. Al dar respuesta, dijeron que los senadores y diputados no deben hacer el juego al gobierno con ese informe. Es muy raro que se haya hecho público a una semana de que el pleno de la Corte resuelva sobre la investigación. Además ese peritaje no consta en los expedientes de la investigación.

Arriaga informó que al término de la conferencia el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y los padres de familia del Movimiento 5 de Junio entregarían en la Corte un memorial, bajo la figura conocida como amicus curiae, que aporta argumentos desde una perspectiva de derechos humanos que recogen de manera clara y concisa la exigencia de justicia de familiares afectados por la tragedia del 5 de junio de 2009.

El memorial que se entregó ayer en la SCJN, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y académicos de la Universidad Iberoamericana, acredita la falta de debida diligencia por parte del Estado en materia de lucha contra la corrupción dentro del deber de garantizar el derecho de acceso a la salud y la seguridad social.

Además, la conculcación de los derechos de la infancia donde prevalece deber especial de protección por parte del Estado, violaciones al derecho a la vida e integridad personal, vulneración del derecho de acceso a la información pública y consecuente ausencia de transparencia y rendición de cuentas, y contravención del derecho a la igualdad de condiciones laborales entre el hombre y la mujer, agrega el texto.