Unos 4 mil ex braceros demandaron ayer por la vía civil, ante trubunales del país, a diversas autoridades federales, a quienes acusan de presuntos malos manejos de los fondos a que tenían derecho

Los ex trabajadores migrantes exigen que se les reintegre su fondo de ahorro –formado en el Banco de México hace más de 60 años–, consistente en 10 por ciento de los salarios que percibieron cuando laboraron en Estados Unidos.

Los demandantes participaron en el programa temporal mediante el cual miles de mexicanos fueron a atrabajar en aquel país durante la Segunda Guerra Mundial.

Se trata de una demanda civil que agrupa a braceros que radican en varias entidades del país o en Estados Unidos, similar a la querella colectiva que buena parte de éstos presentó en 2001 en una corte estadunidense, en lo que se conoció como el caso “Senorino Ramírez Cruz vs Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América”.

Los migrantes aseguran en sus demandas que ayer fueron entregadas en la oficialía de partes del Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, que no están conformes con la indemnización de 38 mil pesos que el gobierno mexicano pretende entregar a unos 4 mil braceros como parte de un fideicomiso de 150 millones de pesos que se abrió para apoyarlos.

El responsable del inicio de estos litigios, de los que conocerá un juez federal de distrito en materia civil, es Porfirio Martínez, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

Al explicar ayer a La Jornada los fundamentos jurídicos de esta demanda colectiva que calificó de histórica y sin precedentes en el sistema judicial mexicano, el jurista expuso que los braceros exigen que se les reintegre el 10 por ciento de todos los salarios que ellos percibieron en Estados Unidos, pues ese porcentaje se les descontó para formar un fondo en México.

Añadió que por acuerdo de ambos gobiernos, parte del salario de los braceros era retenido y enviado al Banco de México desde la década de los 40, para crear un fondo de ahorro que sería pagado a los trabajadores a su regreso al país, lo que según ellos nunca sucedió.

Explicó que el dinero se “envió de Estados Unidos a México. El gobierno mexicano lo recibió y aquí lo han hecho perdidizo, pero sabemos que ha sido jineteado por ex funcionarios federales. Eso es lo que se está reclamando: la devolución de esos recursos”.

Porfirio Martínez recordó que la demanda presentada en Estados Unidos inicialmente parecía no tener futuro, pero en junio de 2005 un juez de la corte de distrito norte de California resolvió que las instituciones mexicanas sí podían ser llevadas a juicio en ese estado del país vecino.

Dichas instituciones incluyen al Banco de México, el Patronato del Ahorro Nacional y los desaparecidos bancos de Crédito Rural y de Crédito Agrícola, responsables de instrumentar el programa de pagos para miles de mexicanos que trabajaron legalmente en Estados Unidos entre 1942 y 1964.

Ahora, esas mismas instituciones fueron demandadas, pero ante los tribunales civiles mexicanos, por lo que si las autoridades judiciales dan la razón a los braceros, el gobierno mexicano tendrá que devolver el dinero ahorrado por los trabajadores, de acuerdo con los cálculos particulares de adeudo por cada quejoso que realice el juez responsable del litigio.