El presidenete del Senado demandó la intervención inmediata de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con la finalidad de que personal de ese organismo se traslade a Cananea, Sonora, verifique la actuación de las fuerzas públicas en el conflicto minero y evite que se sigan violando las garantías fundamentales de los trabajadores.

Además, senadores y diputados de PRI, PRD y PT exigieron al gobierno federal que informe acerca de los acuerdos que hubo entre la autoridad laboral y Grupo México, y exigieron que se concrete la comparecencia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, ante la Comisión Permanente.

Varios legisladores se pronunciaron en favor de la renuncia del funcionario.

Se trata de un represor que va a enrarecer aún más el clima político, sostuvo el diputado Mario di Costanzo, del PT.

En tanto, el presidente de la tercera Comisión de la Permanente, el senador Rogelio Rueda, del PRI, manifestó que la cita para que comparezca Lozano Alarcón se acordó hace varias sesiones, pero no se ha formalizado. Por tanto, solicitó a la mesa directiva, que preside el perredista Carlos Navarrete, que se concrete lo antes posible.

Con los mineros de Cananea se repitió el esquema utilizado con el Sindicato Mexicano de Electricistas: promesas de una buena liquidación y recontratación, que no se cumplen, aseveró el diputado priísta Carlos Ramírez Marín.

Deploró que por el conflicto minero el municipio de Cananea haya estado al borde de la extinción y que casi se haya matado de hambre a miles de familias, antes que afectar el interés de un grupo empresarial poderoso, como el de los Larrea.

Una vez más quedó demostrada la ineptitud de Lozano Alarcón, quien no debería seguir desempeñándose como secretario del Trabajo, ya que en tres años que lleva el conflicto laboral en esa mina no fue capaz de negociar los 103 mil millones de pesos que ahora anuncia como inversión, para que no estallara la huelga.

Los integrantes de la mesa directiva de la comisión del Senado que da seguimiento al conflicto en Cananea: el perredista Arturo Núñez, el priísta Alfonso Elías Serrano y el panista Federico Döring, hicieron un llamado enérgico al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para que cumpla el ofrecimiento que planteó ante ese órgano, de favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y las leyes, se mantengan un entorno de gobernabilidad democrática en Cananea.

Exigieron a la CNDH que asigne de inmediato personal para que verifique el estricto respeto de los derechos humanos de los trabajadores mineros y la población de Cananea.

Por separado, el presidente del Senado, Carlos Navarrete, solicitó al gobierno de Felipe Calderón que dé a conocer los compromisos que Grupo México signó con la Secretaría del Trabajo, con el propósito de que hagan público cuántos trabajadores van a contratar, por cuánto tiempo y en qué condiciones laborales.