La comisión especial creada en la Cámara de Diputados para dar seguimiento a la problemática surgida por los conflictos mineros en el país, emitió un pronunciamiento dirigido al gobierno federal para que ordene la salida inmediata de la fuerza pública desplegada en las minas de Cananea, Sonora, y Pasta de Conchos, Coahuila, e instale urgentemente una mesa de diálogo y construcción de acuerdos.

Los integrantes de la comisión reprobaron por medio de un pronunciamiento la disposición del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa para utilizar la fuerza pública contra ciudadanos que defienden sus puestos de trabajo en Cananea, y reclaman el castigo a los responsables de la tragedia ocurrida en Pasta de Conchos, ambas concesiones que benefician al Grupo México, propiedad de la familia Larrea.

Al confirmarse la detención de cinco trabajadores y el uso de la fuerza pública contra niñas y mujeres que se encontraban en el edificio del sindicato, como dio a conocer el presidente de la comisión, Ernesto Pompa Corella, los representantes de PRI y PRD aprobaron convocar a comparecer a los secretarios de Hacienda, Ernesto Cordero; del Trabajo, Javier Lozano, y de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, con objeto de informar al Congreso el origen de los recursos (113 mil millones de pesos) que serán destinados a la construcción de infraestructura carretera e hidráulica, instalaciones de salud y de empleos autogestivos en Cananea, como dio a conocer Lozano Alarcón.

Con enfado, porque el gobierno federal había prometido a los diputados que no utilizaría la fuerza pública en Cananea y Pasta de Conchos, los legisladores también aprobaron la ampliación de la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que ésta se pronuncie en torno al quebranto de los derechos laborales de los mineros de Cananea, Sombrerete y Taxco.

Además, se emitió un llamado al diálogo entre los familiares de las víctimas de la explosión en Pasta de Conchos y el gobierno federal, con objeto de que Minera México compense dignamente a los deudos de los trabajadores que permanecen enterrados en ese yacimiento. También decidieron trasladarse a Cananea para sesionar con la participación de las comisiones especiales existentes en el Senado de la República y el Congreso de Sonora.

Ernesto Pompa (PRI) señaló que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el uso indiscriminado de la fuerza pública contra trabajadores indefensos no consiguieron resolver el conflicto. Ahí sigue y estamos preocupados porque ya se ha hecho costumbre en el gobierno federal el uso de la fuerza pública para resolver los conflictos. A mí en lo personal el secretario de Gobernación (Fernando Gómez Mont) me dijo que no iban a hacer uso de la fuerza pública, pero de este gobierno no me extraña nada.

En su turno, Francisco Hernández Juárez y Ramón Jiménez, ambos del PRD, coincidieron con Pompa porque el gobierno federal se vale de todo con tal de tutelar los oscuros intereses que lo sostienen, esto en absoluto divorcio del pueblo de México y sus intereses históricos.

Ambos representantes presentarán este miércoles ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para que el órgano legislativo exprese su más enérgica condena contra la brutal represión sufrida por los mineros y sus familias de parte de la Policía Federal y por órdenes del gobierno calderonista.

La solicitud también contiene la exigencia a Felipe Calderón para que remueva a los titulares de las secretarías del Trabajo y de Seguridad Pública federal, Javier Lozano y Genaro García Luna, respectivamente. El texto contiene la demanda de cancelación de las concesiones de Cananea y Pasta de Conchos en poder de Germán Larrea, propietario de Grupo México, y que la titularidad pase a los mineros y sus familias.

Se pretende que el secretario de Gobernación comparezca ante la Permanente para que explique los detalles de los hechos de violencia suscitados en la toma policiaca de las minas de Cananea y Pasta de Conchos.

Por su parte, el priísta Onésimo Mariscal descalificó a Javier Lozano por su “escasa capacidad de construir acuerdos, y su conocido discurso de mentiras: ¿cómo creerle al secretario del Trabajo si no cumplió, otra vez, con su palabra, y mucho menos ha demostrado capacidad para solucionar conflictos?

Es una falta de respeto lo que ha sucedido. La Cámara de Diputados, a través de la Junta de Coordinación Política, aprobó un acuerdo para que el gobierno federal resolviera por la vía del diálogo y la negociación el conflicto minero; incluso fue respaldado por el partido en el gobierno (el PAN), y el calderonismo lo que menos tiene es capacidad para dialogar.