Desde finales del mes pasado, algunos jueces y magistrados que atienden casos de crimen organizado en el país reciben protección personal por efectivos de la Policía Militar (PM), luego de que desde hace cuatro meses habían solicitado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que agentes federales ya no realizaran servicios de escoltas, debido a los actos de corrupción detectados en la Policía Federal (PF), revelaron este fin de semana fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).

La mayoría de los juzgadores que resuelven casos de la delincuencia organizada residen en los estados de México, Jalisco, Tamaulipas y Nayarit, además de los siete jueces encargados de medidas cautelares (arraigo, cateos e intervención de comunicaciones), cuyas oficinas están radicadas en el Distrito Federal.

En su edición del pasado 22 de marzo, La Jornada informó, citando fuentes judiciales, que las amenazas contra jueces que revisan asuntos de narcotráfico los han motivado a solicitar que militares les proporcionen seguridad las 24 horas, para ellos y sus familiares, además de que algunos impartidores de justicia ya no confían en la PF.

Esa versión fue confirmada el mes pasado, durante un foro realizado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ahí, el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, titular del sexto tribunal unitario en materia penal del primer circuito, expuso que casi 60 impartidores de justicia han manifestado que desean que sus guardaespaldas sean militares.

En la mesa redonda denominada ¿Están protegidos nuestros jueces ante el narcotráfico?, Aguilar López explicó que éstos tienen temor de que sean sus propios custodios quienes podrían agredirlos.

Estadísticas oficiales han revelado el miedo que tienen muchos de los jueces ante la posibilidad de ser atacados por el crimen organizado.