Buenos Aires, 3 de junio. Esta mañana comenzó aquí el juicio oral contra los responsables del centro clandestino de detención Automotores Orletti, que funcionó como una sede de la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur en los 70-80, mientras que en El Chaco, provincia fronteriza con Paraguay, empezó también otro juicio histórico por la llamada matanza de Margarita Belén en esos años del horror.

En el proceso por la Operación Cóndor -como se llama en todos los documentos referidos a su creación- están involucrados tres militares de alto rango y tres ex agentes de inteligencia del ejército y la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) acusados de 65 casos de delitos de lesa humanidad como homicidio calificado por alevosía, privación ilegal de la libertad agravada por su comisión mediante violencia o amenazas y torturas.

En ese centro clandestino se realizaron interrogatorios conjuntos con militares y agentes de otros países y especialmente Uruguay, que registra la mayor cantidad de prisioneros extranjeros en Orletti. Muchos de ellos desaparecieron aquí y otros fueron trasladados entre uno y otro país.

Orletti, era un taller mecánico ubicado en el barrio de Floresta en esta capital, y funcionó como centro clandestino entre el 11 de mayo y el 3 de noviembre de 1976, cuando debió ser cerrado en forma urgente por la fuga de una pareja de prisioneros argentinos, aprovechando un momento de distracción de sus torturadores.

Por allí pasaron una cantidad de uruguayos, chilenos, argentinos, paraguayos, bolivianos e incluso dos diplomáticos cubanos desaparecidos aquí.

Los imputados en este caso son el vicecomodoro de la fuerza aérea, Néstor Horacio Guillamondegui, quien fue jefe del Departamento Operaciones Tácticas (I) de la ex SIDE, de la que habría dependido la base (OT 18) donde funcionó Orletti; el coronel del ejército retirado Rubén Víctor Visuara, que tuvo un cargo similar al anterior; el general de división retirado del ejército Eduardo Rodolfo Cabanillas, que fue subjefe a cargo de esa misma base.

Cabanillas fue retirado durante el gobierno del presidente Carlos Menem (1989-1999), cuando su pasado fue denunciado en una carta escrita por el poeta Juan Gelman, quien reside en México, donde pedía tomar medidas ante el hecho de que el propio Cabanillas había declarado ante un tribunal militar en 1977 que era el segundo jefe de la OT 18 (Orletti), donde desapareció su hijo Marcelo y su nuera María Claudia García embarazada de siete meses.

Marcelo fue encontrado en el fondo de un río en un tonel en que pusieron su cadáver, mientras que la historia de María Claudia -llevada a Uruguay en uno de los vuelos ilegales en que se transportaron prisioneros a ese país- tuvo allí una hija en cautiverio, Macarena Gelman ahora recuperada por su familia; María Claudia continúa desaparecida.

Además están acusados en esta causa los ex agentes de inteligencia como Raúl Antonio Guglielminetti, quien suma a los delitos cometidos en Orletti, una larga historia en la represión, aquí y en otros lugares como Centroamérica en tiempos de la guerra sucia de Estados Unidos contra Nicaragua sandinista;

Eduardo Alfredo Ruffo, otro de los emblemáticos en esta dramática historia, así como también Honorio Carlos Martínez Ruiz.

En tanto, el juez federal Daniel Rafecas ordenó la detención del ex agente de la Side Miguel Ángel Furci, a quien le imputó su participación en alrededor de 70 secuestros y torturas de prisioneros en Orletti.

Furci por diversas razones había quedado fuera de la causa, pero además fue quien se apropió de Mariana Zaffaroni Islas, hija de detenidos desaparecidos llevados a Uruguay. Mariana fue recuperada después de una larga lucha de su familia y ahora busca a su hermano o hermana que pudo haber nacido en Uruguay, ya que su madre Emilia Islas de Zaffaroni fue llevada embarazada a ese país.

En Orletti militares y agentes trabajaron junto a la banda de Aníbal Gordon uno de los remanentes de la parapolicial y criminal Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), activos participantes uniendo la mafia y la persecución política, lo que también fue típico de Cóndor.

En Resistencia, Chaco, también se inició el juicio sobre el asesinato de 22 detenidos políticos el 13 de diciembre de 1976, en proximidades de la localidad de Margarita Belén, a un costado de una carretera en esa provincia. Los detenidos pasaron por la Unidad Siete, la alcaldía, y la Brigada de Investigaciones, donde fueron torturados, en algunos casos casi hasta la muerte. De allí se los llevaron en un falso traslado hacia la vecina provincia de Formosa, y en la carretera se detuvieron y los fusilaron. Sus cadáveres nunca fueron entregados a sus familiares que siguen buscando sus restos.