Porfirio Muñoz Ledo presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el proyecto de reforma que modificaría 18 artículos de la Constitución en materia de derechos humanos. Se contempla el reconocimiento de la jerarquía constitucional de las garantías individuales contenidas en los tratados internacionales; se abre el reconocimiento de los derechos sociales y políticos como derechos humanos, y se garantizaría la protección constitucional a las organizaciones no gubernamentales en la materia.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores expone que su iniciativa es una vía privilegiada para luchar contra el autoritarismo gubernamental y la más idónea para arribar a una democracia genuina. Anunció que en ésta se enmarca la propuesta de reforma del Estado que desde hace 10 años fue elaborada por un grupo numeroso de expertos y legisladores y aún se encuentra congelada en el Congreso federal.

Muñoz Ledo llamó a los actores políticos a emprender de fondo una reforma del Estado, en el caso de los derechos humanos, seria y responsable con la coyuntura que vive el país.

Por tal razón insistió en que la minuta que se encuentra en el Senado de la República, si bien es un buen intento, no cuenta con los instrumentos jurídicos, legales y prácticos para proteger los derechos humanos.

El proyecto de reforma que impulsa Muñoz Ledo también otorga el reconocimiento a los derechos humanos que pueden ejercerse a título individual y colectivo. Constitucionaliza la protección para el ejercicio pleno de las garantías de mexicanos en el extranjero, independientemente de su condición migratoria; da viabilidad a la defensa de las cauciones individuales de personas migrantes en el país y define correctamente el derecho de asilo.

En el caso particular del fuero militar, el representante petista expuso que este instrumento jurídico sólo podrá ser vigente en tiempos de guerra, y se acotará en el terreno de la justicia civil restringiéndolos a los casos de su subsistencia.

También, de aprobarse el proyecto de reforma en cuestión se garantizaría el principio de imprescriptibilidad del delito de genocidio, de los crímenes de guerra y de aquellos de lesa humanidad.

Se incluiría en la Constitución el derecho de las personas para acudir ante tribunales internacionales cuya competencia sea reconocida por el Estado mexicano. En otro ámbito, se restringirá el ejercicio de las facultades de persecución del delito sólo al Ministerio Público y a las policías.

Entre las 25 propuestas elaboradas por Muñoz Ledo destacan las de otorgar al titular de la CNDH la facultad de colaborar con el Ejecutivo federal en la elaboración el decreto de restricción y suspensión de derechos y garantías. Se propone la revisión del capítulo primero de la Constitución para especificar cuáles son los derechos humanos y sus garantías, a fin de crear un nuevo capítulo constitucional denominado De los Derechos y Deberes Económicos.

Se reconoce también la igualdad entre personas para ejercer cualquier cargo público; establecer el derecho de todos los ciudadanos de votar; la prerrogativa de los ciudadanos para solicitar la revocación del mandato de los funcionarios electos; derecho de resistencia a la opresión; reducir las facultades del Ejecutivo en la disposición del Ejército.

También se fortalecería el papel de la CDNH garantizando su autonomía y transparentando la designación del consejo directivo y del presidente de la comisión, y fundamentalmente la restitución obligatoria de los derechos humanos a través de resolución judicial.

Y se involucraría al Congreso de la Unión en la decisión del Ejecutivo para disponer del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Se establecería el principio de progresividad en materia de derechos humanos para reformar la Constitución.