penas dos días después de instalarse en Los Pinos, Felipe Calderón firmó un decreto de austeridad para reducir (10 por ciento) los sueldos netos de los mandos superiores de la administración pública federal (salvo en las áreas de seguridad pública y de procuración de justicia), con lo que, según dijo, se ahorrarían alrededor de 25 mil 500 millones de pesos a lo largo de 2007. Desde entonces no ha dejado de pregonar la austeridad como norma de gobierno, aunque en los hechos la nómina burocrática crece y crece.

Por ejemplo, en agosto de 2009 firmó otro decreto, por medio del cual fijó tope al nivel salarial de los llamados servidores públicos, para que nadie obtenga un salario igual o superior al recibido por el inquilino de Los Pinos, salvo en el caso de los ministros de la Suprema Corte y del Trife, los consejeros del IFE y tantos etcéteras que no se incluyeron en este esfuerzo republicano. Tanto convenció con el susodicho decreto, que la petición concreta a Calderón se resume en la siguiente frase: austeridad efectiva, no ilusiones (Beltrones dixit)

Otra muestra de la austeridad calderonista es que en su primera mitad de estadía en Los Pinos de las arcas nacionales salieron algo así como 11 mil 341 millones de pesos para propaganda y difusión de mensajes (independientemente del uso de los tiempos oficiales), monto que se incrementaría a cerca de 16 mil 500 millones si se incluye lo que piensa gastar, por los mismos conceptos, a lo largo de 2010, de acuerdo con lo publicado ayer por El Universal (Jorge Ramos Pérez). Así, el austero habría gastado un promedio de más de 11.33 millones de pesos diarios en el periodo 2007-2010, contra 7.45 millones de su antecesor, o lo que es lo mismo, en cuatro años Calderón habría superado con creces lo que Fox se comió en seis.

Sirva lo anterior para dar contexto a las observaciones que sobre las medidas de austeridad y ahorro en el gasto público tuvo a bien formular la Cámara de Diputados al informe trimestral (el primero de 2010) sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública remitido por la Secretaría de Hacienda. Van algunas de ellas, no sin recordar que en el año de la crisis salieron del erario más de 200 mil millones de pesos sólo para cubrir las prestaciones de la tres veces H burocracia federal.

La Cámara de Diputados subraya que el referido informe no da a conocer cuáles fueron los resultados de los esfuerzos de reducción del gasto público en 2009, ni su composición. Salvo el dato aislado de que desde 2006 se han generado ahorros por 145 mil 100 millones de pesos, como fruto de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público, en los conceptos de servicios personales y en los gastos de operación y administración, no detalla el monto ni se ofrece mayor explicación ni evidencia cuantitativa. Llama la atención el hecho de que siendo un informe de resultados de la política económica y de la política fiscal en particular, el informe trimestral dedique un espacio considerable a la descripción del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público y sus medidas, con las cuales se pretenden lograr ahorros adicionales por 40 mil 100 millones de pesos en los ejercicios de 2010 a 2012. Sin embargo, no se informa nada respecto de los resultados de las anteriores medidas emprendidas para lograr las metas de un ahorro de 5 por ciento del gasto de operación anual, a partir de 2007.

Por si fuera poco, no aclara si con la nueva meta establecida se disuelven los compromisos anteriores, ni da cuenta de los avances logrados, pues la información respectiva no fue consistente en los informes trimestrales anteriores, así como tampoco se reportó de manera regular sobre el tema. En suma, es difícil saber en qué magnitud las medidas de ahorro y austeridad explican verdaderamente el comportamiento del gasto público durante el primer trimestre de 2010, porque los resultados obtenidos a partir de las disposiciones en la materia, conforme a los decretos de austeridad y las medidas de racionalización del gasto de los años previos, son poco claros. Inclusive puede advertirse que la contracción del gasto programable registrada en el primer trimestre de 2010, respecto de igual periodo de 2009, y medida en términos reales a precios de 2003, es mínima respecto del crecimiento observado un año antes, cuando el gasto programable creció 25.9 por ciento en relación con el observado en el primer trimestre de 2008, cuando ya se encontraban vigentes las medidas de austeridad y racionalización del gasto. El análisis de los componentes del gasto programable en clasificación económica confirma lo sostenido respecto de la reducción del gasto público.

Si bien el gasto corriente fue menor en uno por ciento hacia marzo de 2010, respecto del ejercido en 2009, esta disminución resulta mínima en comparación con el crecimiento previamente observado de 15.3 por ciento en 2009, en relación con el trimestre correspondiente de 2008. A su vez, dentro del gasto corriente, las erogaciones en servicios personales que reportan una disminución de 3.8 por ciento, en el periodo de análisis, también es insuficiente para revertir el aumento previo de este tipo de gasto ocurrido en el año anterior, de 6.1 por ciento.

Las medidas de austeridad y ahorro se han centrado desde un inicio en el gasto de operación, pero los avances en el propósito de reducir el renglón de otros gastos de operación (distintos de servicios personales) también han sido escasos. Durante el primer trimestre de 2010, éstos fueron 3.5 por ciento menores a los realizados en el mismo periodo de 2009. Sin embargo, los registrados en ese trimestre mostraron un crecimiento de 18.4 por ciento en términos reales (a precios de 2003), respecto del primer trimestre de 2008, por lo que también puede señalarse que las medidas de austeridad, tomadas como explicación para justificar el comportamiento del gasto presupuestario ejercido en los tres primeros meses de 2010, tampoco son del todo aceptables. En cualquier caso, apunta la Cámara de Diputados, las reducciones presumidas por la SHCP resultan insuficientes para compensar los incrementos que ese tipo de erogaciones registraron durante el primer trimestre de 2009.

Las rebanadas del pastel

En una década, más de 32 mil millones de pesos ha gastado el par de gobiernos panistas (y contando) en propaganda y difusión de mensajes, mientras las universidades del Estado exigen presupuesto y comprensión para la educación superior pública (rector Narro). Es cuestión de prioridades: ¿cuál de esos gastos resulta más productivo para la nación?

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