Las medidas de protección para los funcionarios estatales y municipales encargados de operaciones de combate a la delincuencia y procuración de justicia –escoltas permanentes y vehículos blindados– son una acción tardía y riesgosa porque en el país no ha operado una depuración efectiva de los cuerpos policiacos ni se han creado grupos de elite para enfrentar al crimen organizado, consideraron especialistas en temas de seguridad.

Evidencia además de qué tamaño es el temor que se vive en la cúpula de funcionarios de seguridad ante el avance del crimen organizado, aseguraron.

En esos funcionarios hay cada vez más una especie de ley del mínimo esfuerzo, compromiso y riesgo en el ejercicio de sus cargos, que se traduce en temor ante el acoso del crimen organizado, porque en el fondo son el asidero más vulnerable del sistema nacional de seguridad pública, explicó Pedro Isnardo de la Cruz, especialista en seguridad pública y nacional por la UNAM.

Advirtió que si no hay una depuración de la información delincuencial que se provee al sistema de datos Plataforma México ni profesionalización de los agentes, existe el riesgo de que grupos delictivos penetren los nuevos sistemas de protección.

René Jiménez Ornelas, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, expuso que es urgente contar con cuerpos de elite para enfrentar el crimen organizado, al que no se ataca con guerras, sino con inteligencia, como se vio en Colombia y Palermo.

Agregó que el empleo de vehículos blindados por funcionarios, que no necesariamente deben ser resguardados ante el riesgo del crimen organizado, es indicio del tamaño de la situación de inseguridad.

En término de violencia, apuntó, estamos en un México colombianizado. Agregó que el secuestro muy premeditado y planeado de Diego Fernández de Cevallos lo ilustra completamente.