Sempra Energy, que abastece de electricidad y gas natural producidos en México a más de un millón de hogares en Estados Unidos, incurrió en un fraude inmobiliario que fue desenmascarado por el tribunal colegiado del décimo quinto distrito del Poder Judicial Federal, instancia que restituyó a su legítimo propietario un predio en la bahía de Rosarito, que en 2006 la trasnacional ocupó mediante acciones ilegales con el propósito de darle uso de basurero o amortiguamiento industrial.

El pasado 25 de mayo, Eugenio Sánchez Ritchie, dueño del predio, fue certificado por la autoridad judicial como el propietario legal del terreno que Sempra Energy había adquirido a una mujer difunta y a precio de regalo.

La decisión del tribunal colegiado, que resulta inapelable, coloca fuera de la normatividad en la producción de energía eléctrica a Sempra y por lo tanto la planta generadora ubicada en Mexicali deberá ser cerrada.

Mientras tanto, el exhorto 21/2010 girado por el juez primero de lo penal de Tijuana, Francisco Molina Hernández, por el cual se ordena la restitución del inmueble a Eugenio Sánchez Ritchie, se expidió acompañado del oficio número 608-4, donde el mismo juez indica al Ministerio Público que quede sin efecto la orden de aprehensión dictada en su contra, en un juicio entablado por Sempra.

Que dicha empresa no tenga la posesión jurídica sobre el terreno tiene diversas implicaciones, pero la principal es el desenmascaramiento de la farsa montada por Sempra y avalada por el gobierno estatal en turno, en la cual adquirió el predio a una persona que falleció en 2004, habiéndose realizado la compra y escrituración en 2006.

El acta de defunción de la vendedora, Elodia Gómez Castañón, expedida dos años antes de la operación de compraventa, fue prueba contundente del dolo con el cual actuó la empresa al adquirir de una persona fallecida el predio, el cual, ni siquiera pertenecía a ésta, si no a Sánchez Ritchie, según fue determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La ilegalidad que marcó el comportamiento de Sempra en ese proceso se conformó de la política de mentiras que implementó contra sus acreedores, a quienes mintió y ocultó la existencia de una demanda por despojo; mala fe, tráfico de influencias y malversación de fondos; engaño a las autoridades federales, como la Semarnat, la SCT, la Comisión Federal de Competencia, a las cuales mintió para cambiar el uso de suelo y obtener las licencias y permisos necesarios.

Tal conducta se desprende del riesgo que implicaba para Sempra la posibilidad de no firmar un megacontrato con la CFE por más de mil 400 millones de dólares por año en un periodo de 15 años.