La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió ayer la tercera queja por los hechos ocurridos el pasado 27 de abril en la región triqui de Oaxaca, cuando una caravana de observadores nacionales y extranjeros sufrió una emboscada, en la cual dos personas fueron asesinadas: el finlandés Jyri Jaakkola y la mexicana Beatriz Alberta Cariño.

Meri Marjaana Mononen, coordinadora de la Unión Finlandesa por la Paz, quien también formó parte del grupo de activistas que pretendía llegar al municipio autónomo de San Juan Copala, se presentó en la CNDH para iniciar su queja en contra el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, por las omisiones en que ha incurrido para garantizar la seguridad y la vida de los integrantes del grupo de observación de los derechos humanos.

En entrevista, la activista expresó su preocupación por la conducta del mandatario estatal, pues en lugar de asumir su responsabilidad ha solicitado la expulsión de los observadores. Mononen resaltó la importancia de la actividad de las organizaciones civiles que, al llegar a las comunidades sin avisar, tienen la posibilidad de constatar la realidad que viven las personas en cuanto al respeto a sus garantías fundamentales.

En el caso de San Juan Copala, el grupo de observadores pretendía verificar las condiciones en que se encuentran los indígenas triquis, luego que desde noviembre pasado la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) instaló un cerco para impedir el acceso al municipio.

Jesús Alfredo López García, presidente del Protectorado de México para los Derechos Humanos, quien acompañó a Mononen, señaló que Ruiz Ortiz carece de facultades para interceder en asuntos migratorios y mucho menos para pretender desconocer los tratados internacionales que ha suscrito México en materia de protección a las garantías fundamentales.

Recordó que la CNDH recibió dos quejas previas por los hechos de San Juan Copala. Una fue transferida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca, ante la presunción de que en el ataque en contra de los observadores participaron elementos del Ejército Mexicano.

La segunda fue presentada por los trabajadores de la revista Contralínea Érika Ramírez (reportera) y David Cilia (fotógrafo), quienes también formaban parte de la caravana humanitaria.

Explicó que Mononen pudo presentar su queja hasta ayer, porque antes viajó a Costa Rica, para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los hechos ocurridos en la región triqui.

El abogado López García también comentó que ha recibido llamadas telefónicas de una empleada de la subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno de Oaxaca, para decirle que en esa oficina estaban enterados de que se presentaría la queja de Mononen en la CNDH, lo cual no se vería como un gesto de buena voluntad.

El clima de violencia en la región se agudizó con el asesinato del líder comunitario Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa, el pasado 20 de mayo. Ramírez, quien había sufrido dos atentados, fue uno de los precursores de la autonomía de esa localidad y máximo dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, una de las organizaciones defensoras de esa iniciativa.

Beatriz Alberta Cariño era directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos.