San Cristóbal de Las Casas, Chis., 27 de mayo. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Cdhfbc) aseguró que está documentado y probado que la estrategia contrainsurgente en Chiapas sigue aplicándose, 16 años después del levantamiento zapatista.

Se utilizan ampliamente recursos políticos, sociales, judiciales, sicológicos y mediáticos para justificar su accionar y su implementación, señaló en su informe anual el organismo que fundó y preside el obispo emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz García.

Sostuvo que en Chiapas la Iniciativa Mérida ha contribuido a agudizar el conflicto armado no resuelto y si bien la “estrategia contrainsurgente derivada del ‘plan’ se tramó desde las cúpulas de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en este último periodo se ha consolidado como política de Estado”.

Esta estrategia, continúa, se ha enfocado a debilitar las bases sociales sobre las que se sostiene la insurrección armada, además de a legitimar las arbitrariedades de los gobiernos federal y estatal ante la desconfianza general de la población.

Los rostros de la contrainsurgencia, dijo, los configuran una gama de actores cuya intervención en el escenario de guerra ha dejado al descubierto su verdadero rol, como instituciones gubernamentales de inteligencia civil y miliar, fuerzas armadas y policiacas mixtas, grupos paramilitares, operadores políticos de gobierno, dependencias oficiales y medios masivos de comunicación.

Represión

En el informe, presentado por Ruiz García, además de Diego Cadenas, director del organismo, y por Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Mexicana Todos los Derechos para Todos, manifestó que el incremento de la represión y criminalización evidencia la incapacidad de las autoridades para atender las expresiones de inconformidad de la sociedad civil.

El gobierno sustituye el diálogo y la concertación por acciones de hostigamiento, amenazas, tortura y privación ilegal de la libertad contra las y los defensores de derechos humanos, comunidades y pueblos, aseveró.

El Cdhfbc también expresó que la intrusión del gobierno mexicano en los espacios sociales para ejercer control y su interés por apropiarse del territorio de los pueblos, se deben a intereses fácticos dirigidos a beneficiar a las altas esferas del poder político y económico. Para ello el gobierno está implementando una política que desarrolló a través de una estrategia contrainsurgente y acciones represivas con vertientes políticas, culturales, sociales, judiciales y sicológicas.

La lógica del gobierno consiste en criminalizar a las personas, movimientos sociales o comunidades que se organizan y se oponen al sistema económico, indicó.

Abundó: En Chiapas la imposición de este sistema de exclusión se ha traducido en muertes violentas, desplazamientos forzosos, cateos ilegales e incursiones militares y policiacas a comunidades, vinculación de defensores y líderes sociales con supuestas organizaciones delincuenciales.

Según el Centro de las Casas, al defender su autonomía, territorio y recursos naturales, las comunidades y organizaciones representan un obstáculo a los intereses del gobierno mexicano que busca implementar proyectos que considera de gran visión, como el México 2030, que contempla la privatización de la energía, el agua, los minerales e incluso las zonas de reserva de la biosfera.

Ruiz García dijo que se tiene que acompañar a aquellos que sufren violaciones a sus garantías para que haya no solamente el reconocimiento de esos derechos sino el cambio de las situaciones dentro de las cuales se violan.

Añadió: no solamente es la constatación de cosas que pasaron y se han sufrido sino las expectativas de un cambio al denunciar esas violaciones. Esperamos de esta manera ir contribuyendo poco a poco a la construcción de una nueva sociedad donde haya justicia, verdad y fraternidad.