El gobierno federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sentados por tercera vez en infructuosa mesa de mediación convocada por la Cámara de Diputados, no hallaron un punto de contacto sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la restitución del empleo a 44 mil 500 trabajadores, a causa de sus posiciones irreconciliables.

En tres horas, los trabajadores y el gobierno expresaron denuncias y ofrecimientos que fueron desoídos por unos y otros. Roberto Gil Zuarth, subsecretario de Gobernación –quien hace unos días aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concederá la razón a la administración federal por la extinción de LFC–, expuso que el calderonismo acatará sin reserva el fallo del Poder Judicial.

No obstante, Amador Monroy, presidente del grupo de trabajo que da seguimiento al conflicto, reclamó al representante de la Secretaría de Gobernación que aportara datos verdaderos y no ancle el futuro del conflicto al fallo de la SCJN.

El diálogo de sordos, como definió Porfirio Muñoz Ledo, se inició con la exposición del líder del SME, Martín Esparza, quien denunció que el Poder Ejecutivo nunca presentó la fundamentación del decreto de extinción y usó la figura jurídica desincorporación por vía de extinción, inexistente en la ley.

Por ello, dijo, el Congreso, dentro de sus facultades, podrá instrumentar el restablecimiento del procedimiento administrativo del decreto de extinción de LFC.

La razón de Esparza redundó en que el único ente facultado para modificar las leyes es el Congreso de la Unión, por lo que tiene que exigir al gobierno federal que en el marco de la Constitución reponga el proceso administrativo de extinción de LFC.

La incapacidad de acercamiento entre las partes llevó a Muñoz Ledo a preguntar al representante del gobierno federal si éste reconoce al grupo de trabajo de la Cámara de Diputados como mediador, y sugirió que las acciones del gobierno federal para reubicar a los integrantes del SME no son la solución del conflicto, por lo que propuso un nuevo esquema de negociación donde se respete el contrato colectivo de los trabajadores.

Insistió en replantear la negociación que permita reconocer los mecanismos de respeto a los derechos humanos y laborales, porque el contrato colectivo es un derecho humano.

Gil Zuarth insistió en que la Corte tomará una determinación y el gobierno confía plena y absolutamente en la Corte y acatará sin reserva el fallo sobre el fondo de esta cuestión. Exigió al SME que se pronunciara en el mismo sentido, además de que levante su movimiento de huelga de hambre de la Plaza de la Constitución.

Gil Zuarth llegó a San Lázaro con un paquete de acciones y justificaciones del decreto de extinción de LFC: el ahorro en términos de valor presente neto de la liquidación de LFC se reduce en 707 mil millones de pesos, es decir, 10 puntos porcentuales del PIB, que implican dos veces toda la infraestructura que habrá de construirse en el sexenio de Felipe Calderón.

Puso en la mesa la determinación gubernamental de no dar marcha atrás a su decisión, pues no es opción para el gobierno la contratación colectiva de trabajadores, debido a que la demanda laboral de la CFE debe articularse en función de las necesidades reales en términos de efectividad y eficiencia del servicio.

Informó que hay 2 mil 413 altas en el IMSS de ex trabajadores de LFC, además de que el gobierno ha logrado consolidar 2 mil 807 empleos en el último periodo en 82 empresas formadas por ex empleados. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo, ya ha contratado 565 ex trabajadores.

Y como gran noticia anunció la existencia de un fondo de 3 mil 500 millones de pesos para la capacitación, certificación y colocación en el mercado laboral de la industria de la construcción del orden de 4 mil ex trabajadores al año.