stá por cumplirse un mes de la brutal agresión a la caravana civil que se dirigía a San Juan Copala, Oaxaca, cuyos muy lamentables saldos han sido ampliamente difundidos dentro y fuera del país, tanto desde espacios sociales como en los de las Naciones Unidas. Incluso la presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, se sumó al reclamo de justicia.

La inocultable situación de ingobernabilidad e impunidad que se vive en esa región de Oaxaca poco parece importar al Estado. Desde el ulisismo pretenden convencer de que el conflicto les es ajeno y sólo es del pueblo triqui dividido. Esta tesis se ha convertido en visión oficial. Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, afirmó: El gobierno de México considera que el pronunciamiento que hicieron esta mañana en Ginebra cuatro relatores de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no es necesariamente la forma más apropiada de abordar el tema, toda vez que formulan pronunciamientos que pretenden identificar responsables de los acontecimientos en San Juan Copala, cuando éstos están apenas en su curso de investigación por la Procuraduría General de la República que, como saben, ha atraído el caso. Quiero destacar que, hasta la fecha, no se ha identificado la participación de agentes de Estado, ni federales, ni estatales en los hechos a los que me he referido. Las versiones que han circulado hasta ahora atribuyen la responsabilidad de los hechos a los grupos en conflicto, lo que deberá, por supuesto, ser precisado por las investigaciones. Y sentenció: Se espera, en el futuro, una actitud constructiva por parte de los relatores y mecanismos de los derechos humanos con los que México coopera (conferencia de prensa, 14/5/2010). Quién lo dijera, los diplomáticos de carrera hablando igual que el ulisismo. ¿No le informaron al señor embajador que está en juego un proceso autonómico a partir de una declaración que México aprobó en 2007 y que éste es asediado por paramilitares?

Los grupos paramilitares como forma de incentivar y acrecentar los llamados conflictos intracomunitarios están en el centro de la espiral de violencia. Exculpar al Estado de manera ligera, como hizo el funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, elude el cumplimiento de la obligación de todo Estado de garantizar el estado de derecho.

La revista Contralínea anunció que rompió el cerco cuando, de manera valerosa y con apoyo de triquis, lograron entrar y salir por el monte. Nos mostraron un retrato apremiante desde el municipio autónomo en voz de sus habitantes. Lamentablemente, esa arriesgada incursión no rompió el virtual estado de sitio en que se encuentra Copala, pues al salir de allí la situación no cambió. Ya dio cuenta de ello la Comisión para la Defensa de Derechos Humanos en Oaxaca, que en su boletín del 16 de mayo pasado señala que, a solicitud de Jorge Albino y en coordinación con seguridad pública, debían proteger el ingreso a Copala de 38 personas, la mayoría mujeres y niños, a plena luz del día y acompañados por 300 elementos de la policía estatal. Y agregó: Cabe señalar que el líder de la Ubisort, Rufino Juárez Hernández, acompañó a la caravana la mayor parte del trayecto. Finalmente, al considerar que no existían las condiciones para ingresar a Copala, dejaron al grupo en Yosoyuxi. El acompañante estaba en un aprieto, pues si entraban en paz a Copala gracias a su protección implicaba una especie de autodenuncia.

Como sabemos, la situación se agravó con el asesinato a mansalva en Yosoyuxi, el pasado jueves 20 de mayo, de Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Cleriberta Castro. Él fue uno de los fundadores del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y era considerado el líder natural del MULT Independiente.

¿Cuántos crímenes más deben ocurrir para que el Estado retire a los paramilitares y los someta a la justicia? ¿Cuánto sufrimiento para las mujeres, los hombres, las niñas y niños que aún resisten en Copala? ¿Qué dicen al respecto en el Congreso de la Unión? No es tiempo de puntos de acuerdo o de ya van a ir a Oaxaca unas comisiones a hablar con Ulises –sin pasar por Copala–. ¿Qué más esperan los líderes triquis, sin Ubisort, para deslindarse de paramilitares y construir puentes entre ellos para detener la cadena de violencia y centrar sus baterías en la exigencia al Estado para que cumpla sus responsabilidades?

Con incriminaciones públicas de unos contra otros sólo se profundizará la crisis. Que se investigue y pruebe quién eliminó a uno de los más destacados promotores del municipio autónomo y quién ordenó su ejecución. Tampoco debemos eludir la pregunta: ¿a quién favorece electoralmente este clima? Mientras Copala ocupa ciertos espacios de prensa, las campañas electorales caminan como si nada estuviese pasando. A mi juicio, las exigencias deben centrarse en la responsabilidad del Estado, a todo nivel, por sus acciones y por sus omisiones.