Representantes del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Gobernación (SG) que intervengan para que cese de inmediato la agresión armada contra sus pobladores, y sean detenidos los integrantes de los grupos paramilitares responsables de los ataques del mes pasado a la caravana humanitaria y de la ejecución de su dirigente.

Acompañados por organizaciones civiles y sindicales, ayer marcharon del Ángel de la Independencia a Gobernación, donde denunciaron que los presuntos responsables de la muerte del líder del municipio autónomo Timoteo Alejandro Ramírez, y su esposa, Cleriberta Castro, son los mismos que días antes de la caravana del 27 de abril lanzaron amenazas públicas.

Ante la falta de intervención de las autoridades, los paramilitares integrantes de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) –que operan con el auspicio del gobernador Ulises Ruiz– continúan emitiendo amenazas de forma pública y las han aumentado luego del anuncio de que saldrá el próximo mes una segunda caravana humanitaria, denunciaron.

Encinas estará en la caravana

El PRD en la Cámara de Diputados lamentó ayer el asesinato del dirigente triqui Timoteo Alejandro Ramírez y de su esposa; exigió un alto a la violencia que se vive en la zona de San Juan Copala, y criticó que frente a esa situación el gobierno federal se mantenga cruzado de brazos.

Anunció que integrantes del grupo parlamentario encabezados por su coordinador, Alejandro Encinas, participarán en la caravana por la paz que irá a esa región a principios de junio.

En conferencia de prensa, el líder de los diputados perredistas consideró que en San Juan Copala se vive un verdadero estado de excepción, pues con la tolerancia y la omisión del gobierno del estado, grupos paramilitares no solamente han vulnerado las garantías individuales y la vida democrática de la región, sino que mantienen bajo el terror a la comunidad triqui.

Agregó que el asesinato de Timoteo Alejandro Ramírez y de su esposa enrarece aún más el clima político en el estado, ya que estos homicidios se suman a otros que ha habido en la región y contra militantes del PRD.

En momentos en que se está viviendo una campaña electoral de gran confrontación y polarización política, esto en nada ayuda a generar condiciones de confianza, subrayó.

Calificó como absurdo que el propio gobernador reconozca que no puede haber abasto de alimentos y medicinas a la zona, pero sí garantice que habrá urnas. Es una burla, porque da cuenta de que tiene la capacidad política de incidir en las decisiones de los grupos paramilitares para los fines políticos del gobierno del estado y no para salvaguardar la integridad y la seguridad de la comunidad, enfatizó.

Sobre la caravana, dijo que su objetivo es romper el cerco impuesto al municipio autónomo.